Los caprichos de la izquierda ya han costado 450 millones a los baleares en pago de indemnizaciones

Los caprichos de la izquierda en Baleares con las recalificaciones de suelo urbanizable y el rescate de la concesión del Túnel de Sóller ya han costado 450 millones a los ciudadanos mediante el pago de indemnizaciones. La cantidad puede ser superior si prospera la reclamación de la empresa Globalvía, de 11,9 millones más por el rescate del mencionado túnel.

El pacto de izquierdas que gobernaba en el Consell de Mallorca en 2017 tuvo el capricho de eliminar el peaje del Túnel de Sóller pagando una indemnización de 16,3 millones a la empresa concesionaria, Globalvía. Posteriormente el rescate fue anulado por el Tribunal Supremo al considerarlo no justificado. De esta forma, la decisión del pacto de izquierdas que gobernaba en el Consell en 2017 bajo la presidencia de la socialista Cati Cladera, puede costar a los ciudadanos de Mallorca un total de 31,5 millones de euros incluidos los intereses.

El rescate se realizó cinco años antes de que finalizara el plazo de concesión. El Consell lo justificó alegando que esta decisión respondía a un interés público y además terminaba con la situación discriminatoria que representaba el pago del peaje por el uso de este tramo viario. El Supremo no aceptó ninguno de los argumentos del Consell.

Este coste de 31,5 millones se sumaría a los 434 que ha costado a las arcas del Govern balear el pago de indemnizaciones por las recalificaciones de suelo urbanizable que acordó el pacto de izquierdas (PSOE, Més y Podemos) que gobernaba en Baleares en 2008. Parte de esta cantidad ya ha sido abonada a los promotores que perdieron sus derechos edificatorios.

Esta cantidad de 434 millones de euros es la suma de las 50 sentencias judiciales que obligan al Govern de Marga Prohens al pago de indemnizaciones a distintos promotores por las recalificaciones de terrenos con licencias para urbanizar o, algunos de ellos, ya urbanizados.

Todas las sentencias derivan de la aplicación de la Ley 4/2008 de Medidas Urgentes  para un Desarrollo Sostenibles de Balears, una ley que aprobó el pacto de izquierdas que presidía en aquel momento el socialista Francesc Antich y que convertía en terreno rústico protegido diversos urbanizables en las distintas islas de Baleares.

Una de las sentencias más recientes por recalificaciones de suelo es la que fijó la indemnización por la protección de los  terrenos de Muleta, en el Port de Sóller (Mallorca) donde el empresario  Matthias Kühn, marido de Norma Duval, vio frustrado un proyecto de urbanización que contaba con todos los permisos. De hecho, la urbanización del terreno ya se había iniciado cuando el Govern de Antich decidió desclasificarlo.

La segunda sentencia en importancia por su cuantía es la derivada de la protección de Punta Pedrera, en Ibiza. La ley 4/2008 protegió 1.500 hectáreas de territorio en la isla, incluyendo siete kilómetros de costa y por ello fue condenado a pagar una indemnización de 96,8 millones a distintos promotores afectados por la anulación de las licencias urbanísticas para construir 244 viviendas.

Después están las cuatro sentencias que condenaron al Govern por la recalificación de los terrenos de Biniorella en la costa de Andratx (Mallorca). Son unas sentencias que obligan a indemnizar a diversos propietarios y promotores con 53,7 millones de euros, otra condena de 25,7 millones, una tercera de 11,2 y una cuarta de 10 millones.  En total, la protección arbitraria de los terrenos de Biniorella ha costado a las arcas de la Comunidad Autónoma 100,6 millones de euros.

Los tribunales de justicia han emitido sólo en los últimos ocho años 50 sentencias firmes contra el Govern por las protecciones de terrenos urbanizables realizadas en 2008 por el pacto de izquierdas. La protección definitiva de Muleta, que obliga a pagar 96 millones de euros a  Matthias Kühn fue también responsabilidad del Govern de Francina Armengol por su decisión de ratificar la desclasificación del terreno.

Recalificaciones en Pollença e Ibiza

Otro ejemplo son las dos sentencias condenatorias contra el Govern por la protección de diversos terrenos en la zona de Roca Llisa, en el término municipal de Santa Eulària de Ibiza. Las dos sentencias obligan al Govern a pagar 18 millones de euros a los propietarios que vieron paralizado el proyecto de urbanización.

En Pollença está el caso paradigmático de Cala Carbó, donde se reclaman indemnizaciones de más de 100 millones de euros, aunque las primeras sentencias distan mucho de acercarse a esta cantidad. En 2004, el Plan Territorial protegió Cala Carbó y trasladó la edificabilidad a l’Ullal. Era una de las polémicas ARTs ideadas por la UM de Maria Antònia Munar y Bartomeu Vicens. Los propietarios contaron entonces con la expectativa de poder urbanizar en l’Ulla pero la ley 4/2008 de Antich protegió también esta zona. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha condenado al Govern a pagar 5,6 millones de euros a propietarios de varias parcelas de Cala Carbó. Siguen pendientes de resolución algunas demandas más.

Las diez principales indemnizaciones

La lista de las principales sentencias condenatorias contra el Govern por la protección de terrenos urbanizables es la siguiente:

• 1.-Muleta (Sóller, Mallorca): 96 millones de euros.
• 2.-Punta Pedrera (Ibiza): 86,8 millones.
• 3.-Biniorella 1 (Andratx, Mallorca): 53,7 millones.
• 4.-Biniorella 2: 25,7 millones.
• 5.-Binirràs (Ibiza): 11,3 millones.
• 6.-Biniorella 3: 11,2 millones.
• 7.-Roca Llisa 1 (Ibiza): 10,3 millones.
• 8.-Biniorella 4: 10 millones.
• 9.-Roca Llisa 2: 7,2 millones.
• 10.-Cala Carbó (Pollença, Mallorca): 5,6 millones.