El alcalde de Palma rechaza conceder ayudas a mujeres embarazadas en situación de pobreza

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 18/12/2022 14:25
  • Actualizado: 19/12/2022 16:00

El alcalde socialista de Palma, José Hila, rechaza establecer una línea de ayudas económicas para las mujeres embarazadas en situación de pobreza para que el aborto no sea la única alternativa para estas mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como propone Vox.

La formación liderada en el Consistorio palmesano por el concejal Fulgencio Coll instaba al gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos a la redacción de un nuevo plan estratégico de subvenciones para que a estas personas se les proporcione alojamiento, manutención, ayuda y se prevengan situaciones de desamparo.

La propuesta nace desde la base de que España, en estos momentos, sufre la tasa de natalidad más baja desde que hay registros y miles de mujeres embarazadas siguen siendo olvidadas por la administración pública.

Por ello, este partido considera que se debe prestar más apoyo para ejercer su derecho a ser madre y no, únicamente, al fomento del aborto como la única alternativa para las mujeres en situación de vulnerabilidad.

«Debemos defender no sólo el derecho de las mujeres a recibir apoyo de las instituciones públicas para no abortar, sino también que reciban apoyo durante el embarazo».

Desde el equipo de gobierno, el portavoz municipal de Podemos, Alberto Jarabo, en la pasada Comisión de Servicios a la Ciudadanía, previa al pleno que la semana próxima celebrará el Ayuntamiento, rechazó de plano la iniciativa afirmando que «la mujer es libre para abortar» y que «Bienestar Social ya las ayuda», aunque con aportaciones económicas ridículas.

Como ya denunció el Foro de la Familia de las Islas (FFB), Baleares es una de las comunidades autónomas que menos ayuda da a las mujeres embarazadas con un media de siete euros, muy lejos de los 1.370 del País Vasco, los 389 de Cantabria o los 78 de Cataluña.

De hecho, no existen ayudas a la mujer por el hecho de estar embarazada o en situación de exclusión social, sino que las prestaciones existentes son a los padres trabajadores.

«Tienen a gente viviendo en chabolas en solares y hasta dentro de los coches», terció la concejala portavoz del PP, Mercedes Celeste, que le preguntó al edil de Podemos si creía «que esas mujeres son libres para decidir», sin que finalmente lograra el apoyo del gobierno municipal para habilitar esa línea municipal de ayudas directas.

La propuesta también iba encaminada a ofrecer residencias temporales de acogida materno-infantil y orientarlas en conseguir un entorno socioeconómico adecuado.

Entre las medidas que contempla, figura la creación de un programa de acompañamiento y acogida que atienda a estas mujeres y les proporcione alojamiento, manutención y ayuda de manera estable y duradera (hasta los dos años de vida del bebé).

Finalmente, el gobierno municipal rechazó destinar una partida de los presupuestos municipales para el proyecto de atención a este colectivo especialmente vulnerable. Y lo hizo movido por motivos puramente ideológicos, y no económicos, dado que se trata del mismo equipo de gobierno que ha prorrogado el contrato seis meses más a las dos comisarias de catalán con sueldo de director general, embolsándose de enero a junio cada una de ellas 25.284 euros (4.214 brutos al mes), cantidad por encima incluso de lo que cobra esta categoría de altos cargos municipales: 3.500 euros mensuales.