El alcalde del PP de Palma arrancará el año metiendo tijera a los interminables plenos municipales

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 19/12/2024 06:50
  • Actualizado: 19/12/2024 06:50

El alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, arrancará el año 2025 metiéndole tijera a los interminables plenos municipales que ya casi por norma habitual se prolongan por espacio de entre nueve y diez horas en las sesiones ordinarias de cada jueves en la última semana de cada mes.

Para ello en la primera semana de enero, convocará un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: la modificación del artículo 60.2 del denominado Reglamento Orgánico del pleno en el que Martínez aboga por suprimir la siguiente frase: «En caso de que algún grupo político no presente iniciativas se acumularán al resto de grupos, igualmente proporcionalmente».

Es decir, cada partido sólo podrá presentar el cupo de propuestas que le viene marcado por el número de ediles con el que cuenta.

Hay que tener en cuenta que en cada pleno, pueden presentarse como máximo máximo cuarenta iniciativas por todos los grupos políticos, en proporción al número de regidores que tengan, con un mínimo de tres iniciativas por partido, incluyendo proposiciones, preguntas de respuesta oral, comparecencias, declaraciones institucionales y mociones de urgencia.

En caso de que algún grupo político no presente o no agote el cupo asignado al que tiene derecho, se acumularán al resto de grupos, proporcionalmente también en función de su representatividad.

En la práctica qué sucede: que al ser el PP la formación que menos propuestas presenta al renunciar a realizar las denominadas mociones de autobombo, siendo a la vez el partido que tiene derecho a presentar un mayor número (entre 11 y 13) el resto de formaciones de la oposición incrementan sus cupos, repartiéndose las que al PP le corresponden.

Esto alarga interminablemente los plenos, cosa que en enero va a cambiar por la decisión del gobierno municipal en minoría del PP (11 de 29 concejales) de meter tijera a la duración de los plenos, contando para ello con el aval de sus socios programáticos de Vox (6 regidores) que están de acuerdo con esta medida.

El debate sobre la excesiva duración de las sesiones plenarias ordinarias viene de atrás y así figura en un informe emitido por la anterior Secretaría General del Pleno en fecha 25 de julio de 2011.

En el mismo ya se recogía que «los grupos municipales coinciden en la propuesta de agilización de las sesiones plenarias, modificando el reglamento en cuanto a los tiempos de intervención, participación de las entidades vecinales, número máximo de iniciativas que pueden incorporarse al orden del día, a fin de garantizar que las sesiones no se ensanchan en exceso».

En fecha 10 de abril de 2024 se entregó por parte de la Secretaría General del Pleno, en esta ocasión un estudio comparativo con la regulación que mantienen las siete capitales del Estado con mayor población que Palma.

La conclusión fue que el hecho de que ninguna de ellas supere el umbral máximo de las treinta iniciativas (diez menos que Palma) supone un disminución notable en la duración de las sesiones respecto a lo que sucede  en la capital balear.

«Esto repercute con un funcionamiento proporcionado de las sesiones en lo que respecta al equilibrio entre las partes resolutiva, de control y fiscalización que la componen, a la vez que debe facilitar su seguimiento por parte de la ciudadanía».

Pero aunque en el fondo todos los partidos coinciden en esta decisión, no parece que la coalición del anterior de gobierno y ahora en la oposición, PSOE, independentistas de Més y Podemos, la vaya a apoyar. Más bien todo hace indicar que utilizarán esta medida para cargar contra el actual gobierno municipal.

De hecho han sido los independentistas de Més los primeros en alzar la voz. La concejala portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha criticado que el alcalde de Palma apueste por lo que ha calificado de «política de tercera división».

Para Truyol esta medida está relacionada con el impedimento a que determinadas entidades sociales no puedan participar en los plenos.
«Se trata de una decisión que atenta contra la calidad democrática y la capacidad de control de las medidas del PP. Con ella, el PP quiere hacer desaparecer a cualquiera de piensa diferente», ha zanjado.