Los 29 regidores de Palma, incluido el alcalde, se quedan sin nómina de junio por el bloqueo municipal

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 05/07/2023 06:45
  • Actualizado: 05/07/2023 06:45

Los 29 regidores del Ayuntamiento de Palma, incluido el alcalde Jaime Martínez (PP), se han quedado sin cobrar  por el bloqueo político municipal la nómina de junio cuyo importe, por los 14 días que transcurrieron desde la toma de posesión del cargo el 17 de junio y hasta el día 30, tenían que haber percibido a final de mes.

El voto en contra de los 18 ediles de la oposición (ocho del PSOE, tres de los independentistas de Més, uno de Podemos y seis de Vox) en el primer y único pleno celebrado el pasado 28 de junio a la propuesta presentada por el gobierno municipal en minoría del PP (11 concejales) se saldó con el rechazo de las retribuciones de toda la Corporación municipal.

Tampoco se pudieron constituir las comisiones plenarias ni renovar la dirección de las empresas municipales. Unas compañías públicas palmesanas que, 20 días después de la toma de posesión del alcalde Martínez, siguen siendo gestionadas por los socialistas, dado que los gerentes colocados por el anterior gobierno municipal derrotado en las urnas no han podido, a fecha de hoy, ser destituidos.

Y mientras no sean destituidos, la oposición continuará al frente de las cuatro grandes empresas municipales (Emaya, EMT, SMAP y Funeraria) con sus gerentes y altos cargos allí colocados. El PP no puede destituirlos porque las juntas generales de accionistas, que son las que nombran a los nuevos consejos de administración, las forman los 29 regidores del salón de plenos, donde el gobierno municipal no tiene mayoría.

Un escenario inédito e inverosímil que continúa sin solventarse, dado que el PP se mantiene firme en su decisión de gobernar en solitario pese a contar con 11 de los 29 concejales municipales.

También se han quedado sin nómina de junio el gerente, subgerente, director general y coordinador de Urbanismo, que están trabajando como el resto de concejales gratis, al igual que el resto de coordinadores y directores generales del gobierno municipal.

Es más, a fecha de hoy, los 18 concejales de la oposición no saben ni cuándo ni cuánto cobrarán. Aún no se han aprobado las dedicaciones exclusivas que  tendrá cada formación política del total de 20 que corresponden por ley a los regidores de la Corporación municipal. Es otra de las cuestiones que están en el aire, aunque es potestad del equipo de gobierno su concesión, si bien, están siendo negociadas con la oposición.

Los once concejales de gobierno del PP las tienen ya aprobadas, aunque no hayan podido cobrar el sueldo, pero las nueve restantes se las tendrán que repartir los 18 regidores de la oposición. Es decir, la mitad de ellos, sólo cobrará dietas, o bien en algunos casos, optará por tener dedicación parcial. 

Por contra, sí que han podido ya embolsarse su primera nómina, aunque fuese en realidad la mitad de la misma por el tiempo transcurrido desde la toma de posesión de Martínez hasta final de mes, el personal eventual contratado.

En concreto, un asesor de comunicación, tres de prensa, los cinco coordinadores de distrito de Palma, así como coordinadores y secretarios de los cinco partidos políticos con representación municipal.

Un total de 23 personas a las que les corresponden un sueldo de 30.000 euros brutos anuales, y que son cargos de confianza de las diferentes formaciones del gobierno y de la oposición a los que no le afectaría, el bloqueo municipal implantado en el Ayuntamiento por sus jefes.

Y han cobrado porque sus retribuciones eran competencia única y exclusiva de la Junta de Gobierno. El PP sólo tenía que dar cuenta de su aprobación en ese primer y único pleno de junio, donde la maquinaria municipal quedó frenada en seco.

El freno de la actividad municipal también afecta a las juntas municipales de distrito, que tampoco se han podido constituir, por el voto en contra de la oposición al nombramiento de sus representantes.