El PP de Bormujos denuncia al candidato de Cs y a su mujer por «asaltar» e «intimidar» a una militante

La candidata del PP a la Alcaldía de Bormujos (Sevilla), Lola Romero, ha denunciado este lunes una supuesta retención e intimidación a una militante popular y trabajadora municipal por parte del primer teniente de alcalde y candidato de Ciudadanos (Cs), Manuel Romero, así como de la edil de Recursos Humanos, Desarrollo Local y Emprendedores, Cira de la Cruz, también de Cs. Lola Romero ha acusado a ambos, que forman matrimonio, de ser unos «matones políticos».

La candidata del PP ha asegurado que en la tarde del pasado sábado, la citada militante de su partido se encontraba repartiendo propaganda electoral cuando los concejales de Cs Manuel Romero y Cira de la Cruz «rodearon y abordaron a la también trabajadora municipal, reteniéndola y exigiéndole explicaciones por repartir tal propaganda». Los aludidos niegan tal extremo y esgrimen que el PP se encontraba retirando publicidad de la formación naranja.

Lola Romero ha señalado que «la trabajadora municipal, que es militante y miembro de la lista electoral del Partido Popular, se encontraba de permiso desde el pasado viernes, como corresponde por ley. Aun así, los concejales de Ciudadanos no dudaron en asaltarla, intimidarla y asustarla hasta que la misma consiguió escapar».

La mencionada mujer, según el PP, «ya ha puesto la denuncia correspondiente en la Guardia Civil, donde aportó el parte médico» derivado de su visita al centro de salud.

Para Romero, el candidato de Cs y la citada edil actúan como «dos matones políticos». «No vamos a permitir que se ataque o persiga a ningún militante ni trabajador municipal», ha manifestado la popular, que ha recordado que Cira de la Cruz ya fue condenada por agresión a una militante de su propio partido y su marido «está siendo investigado por un presunto delito de malversación tras una denuncia del Partido Popular».

Para la candidata del PP, Manuel Romero y Cira de la Cruz «lo único que han aportado a la política municipal es mantener a un alcalde procesado por presunta corrupción -en alusión al juicio al alcalde socialista, Francisco Molina, por posible prevaricación con una licencia de obras- y cobrar 276.000 euros de todos los bormujeros», considerando que los mismos «insultan y persiguen a militantes de otras formaciones políticas y trabajadores municipales».