El instructor de la UDEF implica a un alto cargo de Susana Díaz en el robo de 2,5 millones en Almensilla

La Audiencia de Sevilla continúa esta semana el juicio por el desfalco millonario en la junta de compensación del Sector F de Almensilla (Sevilla), causa en la que figuran como acusados, entre otros, el ex tesorero de la entidad Julio Mateos Palacios y el socialista Ismael Perea, ex concejal en el municipio y luego ex alto cargo en la Junta de Andalucía de Susana Díaz.

El agente instructor de la investigación policial ha manifestado este lunes que Perea, otrora presidente de la junta de compensación, cooperaba en la «apropiación» de fondos como director del Consorcio Fernando de los Ríos (entidad pública adscrita a la Junta de Andalucía y cofinanciada por ésta y las ocho diputaciones provinciales), donde además habría existido un posible «mecanismo» de facturas falsas por parte de algunos parcelistas.

Este agente responsable de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha comparecido después de que en la primera sesión del juicio, el ex tesorero Julio Mateos reconociese que se apropió de dinero de los vecinos para su «lucro personal». «Lamento haberlos jodido (al Sector F y a los parcelistas)», declaró, implicando en los hechos al ex edil del PSOE y a un abogado.

«Evidentemente, es culpa mía. He perdido todo lo que tenía», afirmó ante las preguntas del Ministerio Público. Mateos se fugó a la República Dominicana con el dinero que se llevó de sus administrados, unos 2,5 millones de euros. La Policía lo localizó, fue detenido en el aeropuerto de Barajas y encarcelado en verano de 2016.

Un año antes, confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la junta de compensación, aprovisionada con aportaciones de los parcelistas para acometer las obras de urbanización de la zona de chalés que constituye el Sector F y para la dotación de suministros básicos como agua corriente, electricidad o gas.

Según la investigación, prevaliéndose de su cargo como tesorero al estar autorizado en las cuentas de la entidad, Mateos desvió desde 2006 «cuantiosas sumas de dinero mediante cheques con cargo a la cuenta de la junta de compensación», dejando un agujero económico en el colectivo de parcelistas e incorporando los fondos a su propio patrimonio. Según el auto, se habría hecho con 1,63 millones a través de la entidad Asema, una asesoría económica de la que era apoderado, percibiendo cheques en su nombre aun «siendo consciente de que no realizaba ningún trabajo remunerado para la junta de compensación».

La Policía calculó que el desfalco podría ascender a 3.706.718 euros y el número de afectados, en alusión al colectivo de parcelistas, «rondaría las 600 familias».

Atendiendo al informe que la UDEF entregó al Juzgado nº 1 de Coria del Río, el socialista Perea cobró 34 cheques al portador entre febrero de 2009 y junio de 2012 por un valor total de 301.695 euros, llegando a cobrar hasta tres cheques distintos en un mismo mes.

Transferencias a la esposa de Perea

En este marco, el investigador de la UDEF ha relatado que después de que Mateos confesase en un correo electrónico el saqueo a la cuenta de la junta de compensación y huir al Caribe, fue localizado gracias a una «confidencia». Según ha explicado, «un señor» se personó ante los agentes y dijo que «sabía dónde estaba» el ex tesorero, «señalando» de forma expresa la vivienda en la que residía en la República Dominicana.

El investigador ha confirmado que «la inmensa mayoría» del dinero desfalcado por Mateos se destinó a financiar un «negocio» que promovía él mismo para la venta de aceite de oliva adulterado en la República Dominicana.

Además, este agente ha indicado que Perea, presidente de la junta de compensación durante tres años (2009-2012), habría operado como un «mecanismo» de Mateos para «apropiarse» de dinero de la entidad a través de los cheques al portador que él mismo cobraba con cargo a la entidad, obteniendo a cambio una parte de los citados fondos.

En este sentido, ha señalado una transferencia de 12.000 euros a la esposa de Perea, a quien ha vinculado con «algunas de las sociedades» que controlaba Mateos.

«No actuaba solo»

Asimismo, el instructor policial del caso ha sostenido que Mateos «no actuaba solo», sino que más bien operaba con la colaboración de «bastante gente». «Un tesorero no puede manejar sin más una cuenta bancaria, porque más de una persona se interesaría por los gastos» del dinero extraído, ha razonado.

También ha mencionado un «mecanismo» que revelaría una «posible compensación» de las derramas adeudadas por algunos de los parcelistas a la junta de compensación mediante «falsos trabajos» de éstos reflejados en facturas presentadas a la entidad que no respondían a realidad alguna.

A este respecto ha expuesto el ejemplo de Pedro C., un parcelista al que la junta de compensación habría «condonado sus derramas» pendientes de pago a cuenta de una obra supuestamente sufragada por el mismo con factura de la empresa Derribos Pavón, entidad que según el investigador negó que hubiese emitido dicho recibo o que hubiese acometido obra alguna. Esta práctica, según el agente de la UDEF, se habría emprendido para «tener contentos a parte de los parcelistas».

La Fiscalía, recordemos, pide para Mateos una pena de seis años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. Para Perea solicita cuatro años y medio de cárcel por el mismo delito. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla continuará con la celebración del juicio los días 6, 7, 8, 13, 14, 15 y 20 de mayo.