La Guardia Civil detiene a 11 investigados sobre los patrocinios públicos de conciertos en Cádiz
La actuación se produce apenas dos días después de que agentes de la Unidad Central de la Guardia Civil se personaran en el Edificio Roma
La Guardia Civil reclama a la Diputación de Cádiz cinco contratos de patrocinio de conciertos
La Guardia Civil ha dado un paso más en la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos de patrocinio de conciertos y eventos con dinero público al detener a 11 personas e investigar a una más por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación, entre otros. La operación afecta a los expedientes requeridos tanto a la Diputación de Cádiz como a la Junta de Andalucía.
La actuación se produce apenas dos días después de que agentes de la Unidad Central de la Guardia Civil se personaran en el Edificio Roma, sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz, para reclamar cinco expedientes de patrocinio relacionados con distintos eventos celebrados en la provincia gaditana.
La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María, que ha levantado el secreto de sumario. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ocho de los once detenidos pasarán este viernes a disposición judicial, mientras que otras tres personas han quedado en libertad tras su detención. Además, existe una persona más investigada.
En el marco de la operación, la Guardia Civil también registró oficinas y negocios del empresario portuense Pascual Llopis, promotor de diversos eventos musicales y de ocio como el Puro Latino Fest. El sumario investiga la posible existencia de una organización criminal dedicada, presuntamente, al blanqueo de capitales, además de delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
El alcalde de El Puerto de Santa María y diputado provincial responsable del área a la que la Guardia Civil requirió la documentación, Germán Beardo, no figura investigado en la causa a día de hoy. Asimismo, el TSJA ha aclarado que los agentes no registraron su despacho, sino que acudieron para realizar un requerimiento de información dirigido tanto a la Diputación como a otras administraciones públicas.
Tras conocerse las detenciones, Beardo defendió públicamente la tramitación de los expedientes requeridos. En declaraciones a Radio Cádiz, aseguró que los contratos de patrocinio cuentan con informes técnicos y jurídicos, son fiscalizados por la intervención y responden a cantidades «homologables» a las destinadas a otros eventos similares.
El regidor insistió en que las cuantías «no las pone ningún político al tuntún» y subrayó que ni siquiera es el firmante de esos contratos, ya que los pagos se realizan únicamente una vez que los organizadores justifican los gastos correspondientes. Entre dichos expedientes requeridos figuran patrocinios de eventos como Pal Sur Festival, un ciclo de conciertos celebrado en distintos municipios de Cádiz, y la preferia de El Puerto de Santa María.
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