Griñán, a las puertas de prisión: la Fiscalía pide al Supremo confirmar la condena de los ERE

José Antonio Griñán (i) y Manuel Chaves, condenados expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía.
José Antonio Griñán (i) y Manuel Chaves, condenados expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía.
Borja Jiménez

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que confirme las condenas del caso de los ERE, la mayor malversación pública en la historia de España. De confirmarse estas sentencias, el expresidente de la Junta socialista de Andalucía, José Antonio Griñán, estaría a las puertas de la cárcel.

La Fiscalía, de este modo, ha respaldado la sentencia de la Audiencia de Sevilla que, recuerden, también condenó al expresidente Manuel Chaves y a otros 17 cargos de la Junta socialista. José Antonio Griñán, concretamente, está condenado a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación de fondos y prevaricación. Chaves, por su parte, está condenado por prevaricación a nueve años de inhabilitación.

De confirmarse la condena, también irían a prisión los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, el Tribunal Supremo acredita pruebas documentales y periciales «abundantes», lo que da buena muestra de la «patente ilegalidad» de la causa de los ERE, a través de la que se distribuía, de manera «fraudulenta», las ayudas a empresas y trabajadores «con el consiguiente quebranto para las arcas públicas».

«Los condenados, de forma consciente y deliberada, soslayaron el procedimiento adecuado para la concesión de las ayudas mediante una clasificación del crédito inadecuada en la elaboración de los presupuestos y en las modificaciones presupuestarias con la finalidad de otorgar las ayudas sin control externo alguno y sin la necesaria fiscalización interna», señalan.

En este sentido, los fiscales entienden que todos estos altos cargos de la Junta socialista de Andalucía «actuaron al margen de la legalidad administrativa, en demostración fehaciente de que eran conocedores de la ilegalidad del sistema que se había instaurado para el reparto indiscriminado de las ayudas», así como que hicieron «caso omiso de las advertencias que al efecto les fueron remitidas por la Intervención de la Junta, manteniendo la opacidad y el secretismo para primar el beneficio particular frente al general».

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