Los empresarios andaluces exigen paralizar la ‘ley Celaá’: «Es un atropello a la libertad»

La Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha exigido este martes al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la paralización de la ‘ley Celaá’ porque consideran que es «un atropello a la libertad».

Cesur ha expresado este martes que «el nuevo proyecto de educación del Gobierno de España no ayuda a mejorar la calidad de la enseñanza en nuestro país», por lo que ha concluido que «no podemos permanecer indiferentes ante lo que consideramos un atropello tanto para la iniciativa privada como para la libertad educativa».

A través de un comunicado, Cesur ha trasladado que «queremos mostrar nuestra discrepancia con el supuesto beneficio cultural, pedagógico y económico que mantienen algunos de los puntos» del proyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), conocida coloquialmente como la Ley Celaá, en referencia a la ministra promotora del cambio legal, Isabel Celáa.

El Congreso de los Diputados debate este jueves, 19 de noviembre, el proyecto de ley. «Cesur, a través de CEYS (Círculo de Economía y Sociedad), hemos mostrado nuestro compromiso, desde su fundación, con el desarrollo de una educación de calidad», ha afirmado.

La Asociación de Empresarios del Sur de España, que ha argumentado que «apostamos por una educación de calidad en los niveles obligatorios para mejorar las condiciones socioeconómicas del sur de España», ha sostenido que «creemos que esta nueva ley va en detrimento de la educación de calidad y dificulta directamente a la libertad de empresa de los centros concertados, al tiempo que merma la libertad de elección de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos».

En referencia a la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, Cesur ha trasladado que «además de lesionar posiblemente un apartado constitucional, es una traba para que los alumnos alcancen el dominio pleno de la lengua castellana al finalizar la educación básica».

«La Ley Celaá establece que los centros concertados no podrán percibir cantidades de las familias de sus alumnos, algo que creemos que afectará de lleno a la independencia económica de estos centros -que no se consigue tampoco en la actualidad- y que, a la par, ahogará a los centros educativos impidiendo su permanencia en el tiempo», ha apuntado Cesur.

«Tampoco vemos positivo que los alumnos puedan pasar de curso con asignaturas suspensas», ha apostillado Cesur, que ha proseguido considerando que «es necesario que en los proyectos educativos prime la formación académica de los alumnos por encima de las estadísticas de aprobados de los centros».

Sobre el cierre de los centros de Educación Especial que plantea la LOMLOE, Cesur ha manifestado que «es un paso atrás para el sistema educativo de este país, además de una falta de respeto a personas desfavorecidas y de conocimiento de estas situaciones -tanto médicas como educativas- para tratarlas con los medios adecuados».

«Consideramos lesivo para la independencia profesional de los inspectores educativos que estos cargos dejen de ser elegidos por oposición, como contempla la normativa actual», ha proseguido explicando la Asociación de Empresarios del Sur de España.

«Por todas estas razones, sería del todo razonable paralizar el nuevo proyecto de Ley educativa y buscar alternativas con base científica a los apartados más cuestionados, con vistas a redactar un nuevo proyecto que genere más consenso en la comunidad educativa», ha concluido Cesur.