Un empresario implicado en el ‘caso ERE’ rompe a llorar en el juicio: «Estoy avergonzado»

Después de que estallara uno de los casos de corrupción más ‘gordos’ de España en 2011, José María Sayago, el empresario acusado en el caso ERE de la Sierra Norte de Sevilla por los 34.264.273 euros en ayudas irregulares que recibió una red de empresas ubicadas allí, admitió los hechos en 2026, convirtiéndose así en el primer arrepentido del fraude en este caso de corrupción.

El pasado miércoles, en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Sevilla, antes de abandonarla, pidió la palabra para agradecer a los presentes y a Dios por seguir vivo 15 años después de su imputación. «Doy las gracias a la sala por el trabajo realizado, a Dios por permitirme estar aquí después de tantos años, que descansen en paz los fallecidos y gracias a mi letrado por su trabajo».

Al pronunciar estas palabras, a Sayago se le saltaron las lágrimas y, acto seguido, abrazó a su madre y su mujer, que lo estaban esperando a las puertas de la Audiencia de Sevilla.

«Me siento avergonzado»

Tras admitir los hechos en la primera sesión del juicio y manifestar que se sentía «avergonzado» por haber participado en la «defraudación de fondos públicos» en el caso de los ERE, la Fiscalía y las acusaciones presentadas por el PP andaluz y la Junta de Andalucía han reducido de seis a tres años la petición de prisión para Sayago, al considerarlo cooperador necesario en un delito de malversación.

Tanto él como otros dos procesados están siendo juzgados en una pieza separada de la macrocausa de corrupción de los ERE, centrada en los 34.264.273 euros en ayudas irregulares que recibió una red de empresas ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla. Estas sociedades fueron creadas por el fallecido José Enrique Rosendo y el propio Sayago, después de que ambos hubieran sido concejales del PSOE en el Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla).

Entre 2002 y 2007, alrededor de veinte empresas surgidas de la sociedad Matadero de la Sierra Morena S.A., gestionadas por estos dos ex ediles, concentraron numerosas subvenciones gracias a los contactos que Rosendo mantenía con quien entonces era director general de Trabajo de la Consejería de Empleo, Francisco Javier Guerrero —fallecido en octubre de 2020—, que además había sido alcalde socialista de El Pedroso entre 1995 y 1999.

Delito prescrito

En su informe final, el abogado Juan Carlos Alférez ha pedido que se retire el delito de estafa que le imputa el BBVA, cuya representación legal solicita para Sayago una condena total de 14 años de prisión: ocho por estafa y seis por malversación. La defensa también ha solicitado al tribunal que las penas por malversación y prevaricación se rebajen hasta el mínimo previsto por la ley -apenas tres meses y once días de cárcel- y que se reduzca en dos grados la responsabilidad penal debido a las «extraordinarias dilaciones» de una instrucción judicial que se ha prolongado durante catorce años.

El letrado del empresario procesado ha argumentado además que el presunto delito de estafa habría prescrito. Según ha explicado, los hechos se produjeron en abril de 2006 y el procedimiento por este delito no se inició hasta 2016, superando así el plazo legal de prescripción de diez años. Asimismo, ha defendido que no existió engaño, ya que el banco asumió el riesgo de forma voluntaria en una operación «sin recurso» de la que obtuvo un beneficio cercano a los 300.000 euros.