Condenan a 11 meses más de prisión a Candy, el maltratador ‘trans’ de Sevilla

Candy, el maltratador trans de Sevilla que cambió de sexo un mes antes para evitar la cárcel por agredir a su ex mujer, ha sido nuevamente condenado. La titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla, donde la semana pasada se celebró el juicio, le ha impuesto 11 meses más de prisión por vejaciones, quebrantamiento de condena y amenazas a su ex pareja en 2022, cuando tenía una orden de alejamiento de ella.

Tal y como recoge la sentencia, los hechos se produjeron el 7 de abril de 2022, cuando la orden de alejamiento aún continuaba vigente. El acusado empleó el teléfono móvil de su hija menor para comunicarse con su hijo, que en ese momento se encontraba con la madre. Al percatarse de que la mujer escuchaba la conversación, dirigió hacia ella amenazas e insultos.

Durante el juicio, Candy no negó haber realizado la llamada ni su contenido, aunque afirmó que esta había tenido lugar en septiembre de 2015 y que ya había sido condenado previamente por amenazas similares. No obstante, el tribunal consideró veraz el testimonio de la víctima, quien aseguró que la llamada ocurrió en abril de 2022 y explicó que no denunció los hechos hasta junio de ese año debido a que su hija estaba con el acusado y temía que no se la devolviera.

«Voy a ir para allá a buscarte»

En una resolución del Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla dictada el 18 de septiembre de 2019, Candy fue por primera vez condenado por delitos de amenazas y quebrantamiento de condena en el ámbito familiar. Se le impuso, entre otras medidas, la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros y de comunicarse con ella por cualquier vía. Esta medida estuvo vigente entre el 25 de junio de 2021 y el 29 de enero de 2023.

El tribunal ha determinado que, pese a estar plenamente al tanto de la prohibición vigente, el acusado se comunicó de manera indirecta con su ex pareja a través de una llamada telefónica al terminal de su hija mientras la madre estaba presente y escuchaba la llamada.

Según refleja la sentencia, Candy la amenazó con frases como «que me pongas al niño, que me voy a ir para allá a buscarte, que sé dónde estás, que no me da miedo nada, que escúchame, que me pongan en busca y captura, que lo grabes». Y eso dio paso a los improperios y las amenazas: «Me cago en los muertos del juez y su puta madre, y me llevo a todos por delante… que para qué me estás amenazando, subnormal, payasa… ¿Tú quieres ver lo que va a pasar con tu puta familia?».

Sin embargo, la llamada no acabó ahí y el acusado siguió vejando a la madre de sus dos hijos. «Mira qué miedo tengo, payasa, graba, me cago en los muertos de todos los jueces. A ver si tiene huevos de tirar conmigo. Escúchame, tienes una semana. Si no, voy a dar contigo… Escúchame, llama a los payos, dile que vengan para acá, que vas a tener una sorpresa, so guarra y me cago en los muertos de tu prima Flavia y de tu prima tó. ¡Grábalo!».

En consecuencia, la resolución establece que se configuran los elementos de los delitos de amenazas leves, vejaciones leves y quebrantamiento de condena, y dicta una nueva sentencia condenatoria que le priva además, de tenencia y porte de armas durante tres años.

Candy está cumpliendo en la cárcel de Córdoba una pena de 15 meses de prisión por amenazas previas hacia su ex pareja. Su condena finalizaría el 7 de enero de 2027, pero si la sentencia se confirma, quedando un plazo de diez días para apelar, permanecerá en prisión otros 11 meses antes de poder salir.

Para Sires Abogados, esta resolución «es una muestra más de la importancia de denunciar las agresiones machistas, sean del calado que sean. La Justicia ha vuelto a reconocer los hechos y ha confirmado que mi clienta ha sido víctima de violencia de género. La sentencia supone un paso fundamental para su recuperación y para restablecer su dignidad tras un proceso judicial largo y difícil», ha indicado el propio letrado, quien ha insistido en que la magistrada «envía también un mensaje claro: la violencia de género no puede quedar impune y los tribunales y juzgados están para proteger a quienes la sufren».