Andalucía recompra por 328 millones los 70 edificios que el PSOE vendió en 2014 a un fondo de inversión

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes la recompra por 328 millones de euros a la gestora de fondos WP Carey, a través de su filial en España Inversiones Holmes, de los 70 edificios públicos que la Junta socialista de Susana Díaz les vendió en 2014 para hacer caja y sanear las arcas públicas. Con esta operación, el Gobierno andaluz da marcha atrás al contrato firmado en su día por María Jesús Montero, entonces consejera de Hacienda, y ahorrará un total de 100 millones que repercutirán en Educación, Sanidad, Dependencia o Servicios Sociales.

La Junta socialista de Andalucía, recordemos, vendió esas 70 sedes públicas por 300 millones y se comprometió a seguir de inquilina hasta 2034, a razón de 28,5 millones al año más IPC -aunque el IPC fuera negativo, la cuota anual subiría siempre al menos un 1,5%-.

Actualmente se están pagando 35,6 millones al año y, de aquí a 2034, la Junta habría tenido que pagar 430 millones en alquileres, haciéndose cargo del mantenimiento de los edificios, tal y como se pactó en el contrato de 2014. Pero en 2034 se quedaría en la calle, teniendo que buscar emplazamientos nuevos.

La Junta de Juanma Moreno pagará ahora 328 millones por recuperar los edificios. Según han detallado a OKDIARIO Andalucía fuentes del Ejecutivo autonómico, el dinero se pagará de una vez y con cargo a los presupuestos de 2024.

Además del ahorro de más de 100 millones con lo que restaba por pagar hasta 2034 (más lo que habría que seguir pagando en sedes alquiladas a partir de entonces), la Junta ahorra cada año la renta de alquiler, que este 2023 ha sido de 35,6 millones, y podrá destinar la misma a nuevas inversiones. Hasta ahora, la Junta ya ha pagado en alquileres casi 280 millones al fondo al que vendió los edificios.

«Eficiencia» en la gestión

Moreno ha anunciado esta operación de su Ejecutivo en un acto en Sevilla en el que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y en el que ha especificado el pago de casi 60 millones de euros en alquileres cada año.

El presidente andaluz ha concretado que sólo en 2023 se han pagado 35,6 millones por el alquiler de estos edificios. Al no tener que pagar ya esta cantidad, este dinero se destinará para atender otras prioridades en los presupuestos andaluces, ya que ello va a suponer incrementar las partidas presupuestarias autofinanciadas y así poder disponer de más recursos en los ámbitos donde más falta hacen, como son la Educación, la Sanidad, la Dependencia o los Servicios Sociales. «Esos 35,6 millones equivalen al salario bruto anual de más de 1.000 docentes o a lo que cuesta construir diez colegios», ha recalcado Moreno.

En este punto, ha recordado que cuando su Gobierno llegó en 2019 a la Junta de Andalucía se encontró con «desorden» en muchos aspectos de la gestión diaria, siendo uno de ellos el de la gestión del patrimonio inmobiliario público.

Dada esta situación, el Ejecutivo andaluz acordó elaborar un Plan Estratégico de Sedes Administrativas con el que se perseguían dos objetivos: reducir el pago de alquileres -«se están pagando casi 60 millones cada año», según ha detallado- y racionalizar su uso en beneficio de los empleados que trabajan en esos edificios, de los usuarios que acuden a ellos diariamente y de todos los andaluces.

Moreno ha recordado que en 2014, con María Jesús Montero -actual ministra de Hacienda en funciones- como consejera de Hacienda y responsable de Patrimonio de la Junta, el Gobierno andaluz «decidió vender a la empresa de inversiones Holmes por 300 millones de euros un total de 70 edificios en los que trabajaban más de 8.600 empleados públicos».

Aquel acuerdo «tenía una contrapartida completamente lesiva para los intereses de la administración autonómica», ya que «se obligaba a la Junta a alquilar esos edificios a los nuevos propietarios, a los que le habíamos vendido nuestro patrimonio público por un periodo de 20 años a través de lo que se conoce como Sale & Lease back, esto es, ‘venta con arriendo posterior’», ha apuntado Moreno.

«El dinero se ingresó, se gastó y se hipotecó el patrimonio de los andaluces. Sólo este año hemos pagado 35,6 millones euros por el alquiler de estos 70 edificios, un precio que se va revalorizando cada año según el IPC», ha añadido.

De esta forma, en 2014, el precio de renta anual se acordó en 23,6 millones, más el 21% de IVA, y el primer año se pagaron 28,5 millones. Hoy, nueve años después, se está pagando una renta que es siete millones superior. «El IPC desde 2014 ha subido en Andalucía un 21,4%, pero el precio del alquiler de los edificios ha aumentado un 25%», ha remarcado.

El presidente andaluz ha asegurado que el contrato de alquiler tenía una «cláusula suelo» que establecía que, con independencia de cuál fuera el IPC, el precio de la renta se subiría, al menos, un 1,5%, y ha recalcado que en la década que ha estado vigente el contrato el IPC ha sido negativo o inferior al 1,5% la mayor parte de los años y, cuando ha sido superior, la renta se ha revalorizado con la cifra más alta, es decir, la del IPC.

Respecto a esto, el líder de la Junta ha afirmado que hasta la Cámara de Cuentas denunció los perjuicios de aquella operación, ya que «los 300 millones que se ingresaron por la venta de los edificios se gastaron y lo que quedó fue una deuda de por vida, un problema que no existía y que se generó por una mala decisión».

Moreno ha incidido en que con este acuerdo se pone fin a esta situación, ya que hasta 2034, año en el que expiraría el contrato inicial, la Junta habría pagado por los alquileres unos 708 millones en concepto de renta, casi dos veces y media lo recibido, y a partir de ahí, todos los años, de por vida, una renta que superaría «sin duda» los 40 millones anuales.

«Hasta final de 2023 se habrán abonado unos 279 millones, y de aquí a 2034 se tendría que seguir abonando un coste estimado de 430 millones, más los gastos de conservación y reparación. Además, pasados los 20 años del contrato, se debía buscar nuevo sitio para los 8.600 empleados de dichas sedes, o volver a negociar con la propiedad nuevos alquileres», ha zanjado Moreno.