La política migratoria de Sánchez satura los centros andaluces: «Nos han colado 503 menas como adultos»
La Junta de Andalucía está harta de la traición del Gobierno a la hora de repartir inmigrantes ilegales
La Junta de Andalucía lleva meses advirtiendo al Gobierno de Pedro Sánchez de que cientos de inmigrantes ilegales de los que están siendo trasladados a Andalucía desde Canarias no son adultos, sino menores de edad, es decir, menas. Una advertencia que desde el Ejecutivo socialista no sólo no están escuchando, sino que siguen sin hacer absolutamente nada al respecto. Tal es la situación, que a día de hoy el número de menores migrantes no acompañados que han llegado a Andalucía desde Canarias trasladados bajo la identificación de adultos ha superado el medio millar, situándose concretamente en 503 menores traspasados en esta situación, quedando bajo la tutela del Gobierno andaluz.
Fuentes de la Consejería de Inclusión Social han advertido que a pesar de las «reiteradas cartas» que le ha remitido la consejera del ramo, Loles López, a la ministra Sira Rego advirtiendo del traslado de menores migrantes como adultos «la cifra no deja de crecer y ya son más de 500».
«Son menores cuya atención asume la Junta», han aseverado desde el Ejecutivo andaluz, al tiempo que han lamentado que «ni siquiera existen para el Gobierno central, que continúa con su ‘política Amazon’ de reparto de menores como si fuesen paquetes».
A este respecto, la Junta ha afeado la «falta de sensibilidad y humanidad» del Ejecutivo, que «sigue mirando hacia otro lado y dejando tirados a estos niños y adolescentes a los que ignora».
Además, ha hecho hincapié en el «colapso» de los recursos de atención a menores de Andalucía, para concluir exigiendo al Gobierno que «asuma y ejerza» sus competencias en materia migratoria más allá del reparto.
Sin embargo, tras las múltiples advertencias del Ejecutivo autonómico al Gobierno de Pedro Sánchez, lo único claro es que no hay interés alguno por parte de Moncloa de mejorar una situación que únicamente afecta a Andalucía, obligada a financiar la estancia y el cuidado de estos ya más de 500 menores que han llegado a la comunidad camuflados como adultos, con la clara connivencia del Gobierno de Sánchez.
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