Policías alertan de que la regularización masiva impedirá combatir la explotación sexual sin más medios

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 19/03/2026 05:47
  • Actualizado: 19/03/2026 08:54

La regularización masiva de inmigrantes pactada por el Gobierno y Podemos va a impedir «investigar muchos casos de trata, explotación sexual y de inmigración ilegal». Así lo revelan a OKDIARIO diversos mandos de la Policía Nacional consultados por este proceso que, según los propios agentes, «supone un coladero de delincuentes, incluso por delitos muy graves».

En el fondo, el problema que denuncian es clásico: cuando se carga a unidades ya tensadas con más burocracia y sin refuerzos, se debilita justo la parte más sensible del sistema, que es la detección temprana de redes criminales y la protección real de las víctimas. «Si eso ocurre, el coste no es administrativo, sino de seguridad y de eficacia policial», advierten las fuentes policiales consultadas.

Así las cosas, esta regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez va a impedir combatir la explotación sexual sin más medios. A esto se suma que, desde que gobierna el feminista Sánchez, se han disparado un 288% las violaciones, se han producido los fallos de las pulseras antimaltrato y la ley del sólo sí es sí ha beneficiado a miles de abusadores sexuales que han visto reducidas sus condenas e incluso han sido excarcelados.

A menos de 15 días de que los inmigrantes puedan solicitar esta regularización extraordinaria –lo podrán hacer desde el próximo mes de abril hasta el 30 de junio– «todavía no hay un plan de acción» en la Policía Nacional. «No se ha dado ninguna directriz desde el Ministerio del Interior ni la Secretaría de Estado» para asumir esta gran carga de trabajo, según denuncian los mandos consultados, a quienes les «preocupa mucho esta situación».

Además, destacan que no se trata de regularizar a medio millón de inmigrantes ilegales, porque «los arraigos familiares elevan la cifra a entre dos y tres millones de personas».

Asimismo, advierten de un problema de seguridad, como es el tener que «regularizar a quienes están presentando un certificado de antecedentes penales que los policías van a tener que creer, pese a que los extienda un país en vías de desarrollo y con una administración corrupta y endeble que, por 20 euros, gire el certificado que se le diga». «¿Qué validez y qué fiabilidad tiene un documento de antecedentes penales de un país que está en vías de desarrollo?», plantean.

Dejar a medias muchas investigaciones

«Vamos a tener que dejar a mitad muchas investigaciones para destinar al personal a labores administrativas de regularización», denuncian indignados los mandos consultados, entre ellos Daniel López, presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), criticando que no se les haya preguntado por «la capacidad y las consecuencias de esta nueva macroregularización de inmigrantes».

«Tendrían que preguntar al que trabaja, no al político que el Gobierno ha puesto como director general. Nosotros somos los que dirigimos los servicios», señalan las fuentes consultadas, criticando que a estas alturas «no se haya previsto absolutamente nada», cuando ya debería haber un plan de acción y estar todo organizado.

Por ello, los mandos están expectantes y preocupados por «cómo se va a hacer, qué personal hay que destinar y en qué condiciones».

«Por ejemplo, podrían haber dicho que hay que destinar 1.000, 2.000 o 5.000 policías de toda España a Extranjería o que, al igual que estamos haciendo los DNI, hay que hacer regularizaciones en todas las dependencias desde las 7:00 hasta las 5:00 de la tarde, pero seguimos a ciegas», critican, recordando que, de cara a la Operación Paso del Estrecho, sí les comunican los agentes que hay que destinar a las fronteras.

«Lo vamos a asumir a trompicones como siempre. Al final, acabará saliendo a costa de la vocación y de la salud de los funcionarios. No me cabe la menor duda de que van a tener que echar más horas y dejar de lado las investigaciones, y eso perjudica al servicio», señala López.

Reclaman refuerzos

Estos mandos insisten en que, o se destina a funcionarios de la Administración General del Estado a Extranjería a hacer labores administrativas para la macroregularización, o la merma de las plantillas policiales va a suponer el tener que paralizar «muchísimas investigaciones».

«Si vamos a tener que destinar a policías a hacer labores administrativas, o estarán investigando o tramitando NIES, no pueden estar haciendo las dos cosas. Y no es lo mismo llevar una investigación con cinco investigadores que con sólo con un agente o dos», precisa el presidente del sindicato de mandos SPP, con 22 años de ejercicio en la Policía.

«Si tú tienes 10 investigaciones y la mitad de personal que antes, no puedes sacar las 10, toca priorizar», apunta. Además, señala que «si hasta ahora se cerraban investigaciones en tres meses, con la regularización pueden prolongarse un año, y evidentemente teniendo que priorizar cuáles son las más importantes».

«Y ya sabemos que en las investigaciones, las pruebas más contundentes son aquellas que se recogen en caliente o en el menor tiempo posible. No es lo mismo recoger un testimonio de una víctima de trata de hace seis meses que de hace tres años», agrega con gran pesar.

La regularización más laxa

Esta regularización exprés y masiva es la más laxa de la historia: bastará un billete de autobús. Podrán acogerse todas aquellas personas que antes del 31 de diciembre de 2025 hubieran solicitado protección internacional o llevaran cinco meses en España. Para demostrarlo no será necesario el empadronamiento.

Se aceptarán documentos de todo tipo, como informes médicos, certificados de asistencia a recursos sociales, justificantes de envíos de dinero, billetes de transportes o contratos de alquiler, entre otros.

Como ya ha revelado OKDIARIO, inmigrantes ilegales argelinos y marroquíes están pidiendo sus antecedentes policiales en España para hacer creer que viven aquí. Además, esta semana se ha conocido una operación policial que se ha saldado con 61 detenidos por falsificar papeles para regularizar a más de 5.000 inmigrantes ilegales.

La Policía Nacional remitió el pasado 10 de febrero un oficio a las jefaturas superiores de Policía, unidades de coordinación operativa territoriales y las brigadas provinciales y locales de extranjería y fronteras alertando del «aumento de las denuncias por extravío/pérdida o sustracción de documentación por parte de ciudadanos extranjeros indocumentados». Además, en dicho documento indica «el criterio básico de actuación policial» ante estos sucesos.

Tras analizar esta incidencia, la Policía ha comparado el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2025 con el mismo periodo de 2026 y ha comprobado que este tipo de denuncias experimenta «un incremento de aproximadamente el 60%». Las nacionalidades de mayor incidencia son: pakistaní, con un aumento del 866,67%; argelina, con un 356,25%; marroquí, con un aumento del 114%; y colombiana, con un 35%.

En muchos casos existían antecedentes penales y/o policiales en España, otras identidades diferentes a la denunciada y resoluciones administrativas en materia de Extranjería aún en vigor.

Tanto sindicatos policiales como asociaciones de guardias civiles han advertido del «gravísimo error» que está cometiendo el Ejecutivo al incluir en el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, un apartado que contempla que, si tras solicitar el certificado de antecedentes penales de su país de origen no se recibe respuesta en un mes, el solicitante podrá presentar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales.

La mayoría del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una moción que rechaza la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno. Se trata de una iniciativa del PP, que ha sido apoyada por Vox, Junts y UPN y que exige al Ejecutivo retirar este proyecto normativo «por carecer de requisitos, ir en contra de los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto europeo de migración y asilo».

A ello se suma también, como revelan los mandos policiales consultados por OKDIARIO, que supondrá paralizar «muchísimas investigaciones» de Extranjería.