La doble vara de medir de UGT con la congelación del sueldo de los funcionarios
El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha filtrado a través de su ministra de Economía, Nadia Calviño, la posibilidad de congelar el salario de los funcionarios. Una medida que tuvo que adoptar el Ejecutivo de Mariano Rajoy durante los años más duros de la anterior crisis económica y que no tuvo una gran acogida entre los sindicatos. Sin embargo, ahora que gobierna la izquierda, el sindicato mayoritario UGT aceptaría una congelación salarial para los funcionarios en 2021, siempre que se asegure el mantenimiento de su poder adquisitivo mediante una cláusula de revisión salarial ligada al IPC.
Atrás quedan las manifestaciones, las movilizaciones, las marchas por la dignidad y las huelgas generales. Ahora, que gobierna la izquierda, UGT, no plantea un «otoño caliente». Según Carlos Álvarez, secretario de Administración General del Estado en UGT, «se está planteando ahora es la negociación de un acuerdo de Legislatura en el que, una vez asegurado el mantenimiento de poder adquisitivo, las subidas salariales vayan ligadas a la evolución de determinados parámetros económicos, como la inflación y el PIB».
O lo que es lo mismo, congelar los salarios públicos. Unas declaraciones que distan de lo que exigía este mismo sindicato en 2012 al gobierno de Mariano Rajoy. El entonces secretario general de UGT, Cándido Méndez, se mostraba algo más beligerante con los planes de Rajoy en una entrevista en la Cadena Ser.
«El Gobierno se comporta como un pésimo empresario, porque no puede poner en la picota a sus empleados». «Si hay problemas tenía que haber abierto una vía de diálogo», apuntaba Méndez. De acuerdo con el secretario General de UGT, «tratar así a las personas de las que depende el cuidado de nuestros hijos, de nuestros ancianos, de los que limpian nuestra mierda, …, es absolutamente reprobable».
Durante la anterior crisis el poder adquisitivo de los funcionarios mitigó. El salario de los empleados públicos sufrió cuatro congelaciones y dos bajadas. Y con casi toda certeza, en esta crisis, los sueldos también podrían verse afectados.
La primera comunidad en tomar cartas en el asunto ha sido Baleares. Allí, el Gobierno socialista anunció a principios de agosto a la Mesa de Negociación de Empleados Públicos que sólo se aplicará la subida salarial del 2% para 2020 en las retribuciones básicas y que bajará en la misma cuantía un complemento autonómico, lo que en la práctica supone «neutralizar» la subida retributiva y congelar los salarios, según el STEI Intersindical.
Lo cierto es que la difícil situación económica por la que atraviesa España y los ajustes que demanda Bruselas exigirán unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) algo menos ambiciosos de los que le gustaría diseñar al Gobierno.
No obstante, a tenor de las declaraciones de UGT, no parece que en esta ocasión los sindicatos llamen a la movilización siempre que se asegure el mantenimiento de su poder adquisitivo mediante una cláusula de revisión salarial ligada al IPC.
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