Venezuela retrasa por tercera vez el juicio por el triple asesinato en un bufete de abogados de Usera

• Luis Miguel Montero @Luismimontero
• Periodista de Investigación en OKDIARIO.
• • 08/02/2023 11:54
  • Actualizado: 08/02/2023 18:48

El juicio por el conocido triple crimen de Usera, ocurrido en Madrid en junio de 2016, iba a celebrarse en febrero del año pasado en Caracas, en concreto en el Juzgado número 50 de la capital venezolana. Pero por tercera vez fue retrasado sine die por el tribunal encargado de juzgarlo. Desde entonces ya ha pasado un año y al parecer los problemas son el traslado de jueces y fiscales encargados del caso a otras jurisdicciones y el juicio oral se ha quedado a medias. De esta manera, el juicio contra el acusado de matar a dos mujeres y un hombre por celos, Dahud Hanid Ortiz, detenido en octubre de 2018, todavía no será juzgado. Al menos, es imposible que, según la legislación venezolana, salga en libertad provisional ni abandone el país.

El juicio contra Hanid Ortiz no se ha celebrado en suelo español a pesar de las peticiones de extradición del Gobierno de nuestro país al Tribunal Supremo de Venezuela, que decidió que no fuera extraditado y fuese juzgado en aquel país, algo del todo extraño para el ordenamiento jurídico internacional, ya que el asesinato se cometió en suelo español. A finales de febrero del pasado año iba a celebrarse el juicio por sorpresa, tras un segundo retraso, sin que nadie se lo hubiese notificado oficialmente a las víctimas ni al juez español de Plaza de Castilla que instruyó hace casi siete años el triple crimen. Pero finalmente se retrasó de nuevo.

Asesino de Usera

Hanid Ortiz, ex militar estadounidense, de 54 años, nacionalidad venezolana y residente en Alemania se trasladó hasta Madrid el 22 de junio de 2016 para asesinar al abogado Víctor Joel Salas, tras descubrir que tenía una relación a distancia con su ex esposa, la médico alemana Irina Trippel. En su delirio salvaje acabó asesinado a Elisa Consuegra, abogada compañera de Salas, a Maritza Osorio, secretaria del despacho y a José Castillo, un cliente del bufete.

La acusación en Venezuela, ejercida por el fiscal Vladímir Ángel, hizo un espeluznante relato de los hechos: «El día 22 de junio de 2016 sobre las 14.30 de la tarde apareció el imputado Dahud en las instalaciones del despacho de abogados situado en la calle Marcelo Usera (…)» y sigue relatando que «al llegar al citado despacho se encontraban trabajando las colaboradoras llamadas Elisa Consuegra Gálvez, abogada de origen cubano y Maritza Osorio Riverón, empleada del despacho, también de origen cubano, preguntó por el titular del despacho y al no encontrarse pidió que se lo localizaran (…)».

Pero Dahud «se había quedado en el baño del despacho de abogados por varios minutos, al salir se dirigió hacia el puesto de trabajo de Elisa Consuegra y con un cuchillo de dimensiones grandes, con la hoja de dientes de sierra seccionó el cuello de Elisa, ocasionándole la muerte (…) le clavó un objeto punzante justo en el esternón atravesándole la médula. Inmediatamente después, con otro objeto contundente, presumiblemente una barra de hierro, propinó diversos y fuertes golpes en la cabeza a la ciudadana Maritza causándole la muerte». Pero como el abogado no estaba en el despacho, «se quedó en el sitio junto a los cadáveres de Elisa y Maritza a esperar que llegara Víctor», según el escrito de acusación de la Fiscalía venezolana que sigue con el relato y explica que «pasadas las 17.00 horas de la tarde la persona que apareció en las instalaciones era un ciudadano de origen ecuatoriano de nombre Pepe Castillo Vega, el cual iba con el fin de retirar el permiso de residencia de su esposa, creyendo éste que era el tan esperado Víctor, el imputado sin mediar palabra alguna se abalanzó sobre él y con el mismo objeto con que le había quitado la vida a Maritza le propinó fuertes golpes en la cabeza produciéndole la muerte». Víctor Salas se libró porque aquel día después de comer se quedó un poco traspuesto en el sofá de su casa y llegaba tarde a trabajar.

Luego, el presunto asesino prendió fuego a hojas de los diferentes expedientes que tenía el abogado en el despacho, lo que provocó que los cadáveres de Elisa y Maritza se quemaran parcialmente. Los vecinos dieron aviso a los bomberos, que acudieron rápidamente y sofocaron el incendio con espuma ignífuga, que acabaría borrando cualquier posibilidad de encontrar huellas dactilares. Cuando Salas llegó se encontró a los bomberos en la puerta intentando sofocar el fuego.

Pero la Policía española fue hábil y encontró el tapón de una botella de agua mineral que solo se vende en Alemania y que se convertiría en la prueba clave. La noche posterior al crimen, el venezolano huía de nuevo en su vehículo hacia Alemania, durmiendo tan solo 15 minutos en el camino. Los investigadores le sitúan al día siguiente en la localidad de Wüzburg, donde residía junto a su familia. Allí se refugió durante varios días hasta que las primeras pesquisas policiales lo empezaron a señalar y entonces huyó a Colombia. Desde allí volvió a escapar hasta Venezuela, su país de origen. El juez que comenzó la instrucción en España, el titular del número 41 de Plaza de Castilla, pidió la extradición del sospechoso para interrogarlo y, si había lugar, decretar la apertura de juicio oral contra él. Pero el Tribunal Supremo venezolano denegó la extradición y decidió juzgarlo allí.

Dahud, según desveló la investigación, había amenazado a Víctor Joel por teléfono, y había hackeado el teléfono y el ordenador de su esposa Irina para perseguirla a ella y a su supuesto amante, luego huyó de Alemania a Venezuela, su tierra natal. El tribunal venezolano que ahora lo juzga no ha pedido ninguna información al Juzgado español que conoce sobre este asunto.

Mientras tanto, era interrogado el abogado Víctor Salas, que inmediatamente hizo recaer su sospecha por las amenazas de muerte recibidas de la «ex pareja de su actual novia Irina, la cual reside en Franckfurt (Alemania) (…) sabiendo que se llama Danud Hanid Ortiz» y describe las amenazas recibidas un mes antes: «yo he sido soldado en Estados Unidos, me han entrenado para matar y voy a ir a por ti para matarte, ya sé quien eres, deja en paz a Irina, que es mi mujer».

Tras su detención en Venezuela en 2018, la justicia de aquel país decidió que no entregaría a España a Dahud, sino que sería juzgado allí por tres delitos de homicidio y uno de incendio, ya que tiene nacionalidad venezolana y los delitos son asimilables al Código Penal venezolano. Dahud nació en Caracas y aunque tiene nacionalidad estadounidense, nunca renunció a la venezolana. El ex militar, que luchó en la Guerra de Irak, fue expulsado del Ejército estadounidense tras demostrarse que había falsificado un documento para poder ascender a oficial.

El juicio oral arrancó el pasado 28 de febrero de 2022 y la jueza incluso escuchó al acusado, que negó todos los hechos, y también al que supuestamente era su objetivo, el letrado y ex fiscal peruano Víctor Joel Salas, quien fue a declarar por sorpresa y confirmó lo denunciado a la Policía española y al juzgado madrileño. Según Salas, «me enteré del comienzo del juicio porque el fiscal pudo localizar mi teléfono móvil y me avisó, pero no recibí ninguna notificación y me desplacé a Venezuela el 7 de marzo de 2022 para declarar y que el asesinato no quede impune, allí le miré a la cara y le dije que la Justicia tarda pero llega».

Salas explica que cree en la Justicia y no duda de la resolución del caso porque los hechos son claros y hay elementos probatorios suficientes para una condena» y añade que «ha pasado mucho tiempo y quiero ya cerrar este apartado, además le prometí que se haría justicia a la madre de mi compañera de despacho Elisa».

El letrado confía ahora en que el juicio sobre el triple asesinato de Usera cuente con la declaración de la ex mujer de Dahud, Irina, y sobre todo con los policías españoles que hicieron la investigación y los forenses que intervinieron en la autopsia de los cadáveres, si fuese necesario por videoconferencia. Dahud Hanid Ortiz está acusado de tres homicidios y un delito de incendio. Salas dice que «pueden ser unos treinta años de prisión, pero en España se podía haber pedido la Prisión Permanente Revisable (PPR)».