El último intento para volver a encarcelar al clan Jodorovich por tráfico de drogas y armas
Los Mossos acusan al patriarca del clan Jodorovich de blanquear 513.824 € del tráfico de drogas
El patriarca del clan Jodorovich pide el sobreseimiento del caso por blanquear 500.000 € de la droga
El clan de los Jodorovich será juzgado de nuevo por organización criminal, tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, robo con fuerza y allanamiento de morada. El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona sigue adelante con la acusación contra los 51 implicados en la «Operación Yukón» de los Mossos d’Esquadra. Es el último intento por meter en prisión a la cúpula de la histórica dinastía relacionada con el tráfico de drogas en Cataluña.
En su último auto, el juez decide seguir el procedimiento contra el clan Jodorovich hasta sentarles en el banquillo al entender que hay indicios de la comisión de más de media docena de delitos.
Así, según el titular del Juzgado de Instrucción 3, señala que la organización tenía una plantación de marihuana en una nave de Santa María de Palau Tordera con más de 1.360 plantas de marihuana y todo el material necesario para su explotación. También, según el juez, los Jodorovich explotaban en la misma localidad otra plantación de droga con otro centenar de plantas de marihuana. En ambas, cometieron presuntamente, sendos delitos de defraudación del suministro eléctrico para mantener en pleno funcionamiento ambas plantaciones. Lo mismo ocurría con otras dos plantaciones de marihuana que los Jodorovich supuestamente mantenían en Cornellá de Llobregat y la Masía Can Gesana de Fogars de Monclús.
«La citada organización criminal», continúa el juez, se dedicaba también de forma constante a la venta de sustancias tóxicas mediante un punto de venta de cocaína en la calle Aviador Ruíz de Alda de la ciudad de Barcelona. Igualmente, el auto señala que los Jodorovich también distribuían droga en una gasolinera de Canet de Mar o en otro piso de Santa Coloma de Gramanet.
Las ganancias que extraían los Jodorovich de la venta de droga, según la investigación, se canalizaban a través de un entramado societario destinado a blanquear los beneficios con la compra de inmuebles. De hecho, en su auto, el juez se hace eco de al menos media docena de pisos que la organización adquirió en Barcelona, Tarragona y la isla de Menorca.
A estos delitos, habría que añadir los de robo con violencia, amenazas e intento de secuestro de un hombre en la localidad de Canyamars. También, «diversos delitos de tenencia y tráfico de armas, al comprar y vender media docena de armas de fuego y su correspondiente munición.
Hasta aquí la intención del titular de la investigación judicial de sentar en el banquillo al clan de Jodorovich. La defensa de gran parte de los acusados, liderada por el letrado Javier Peiró, duda de la posibilidad de que la vista oral termine con una condena para sus patrocinados.
La defensa cree que sobre la causa pende la amenaza de una posible nulidad por vulneración de los derechos fundamentales, en este caso el derecho a un juez predeterminado por la Ley.
Fue el Juzgado 4 de Badalona el que, tras recibir por casualidad información incriminatoria para los Jodorovich, tomó las riendas del caso desde su inicio hasta su explotación en 2021, inhibiéndose más tarde al Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona. Según la defensa de los Jodorovich, el Juzgado 4 de Badalona jamás podría haber continuado con la causa y debió entregarla a otro juzgado en cuanto recibió esa información casual.
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