La empresa que contrató a la educadora asesinada en Badajoz acumula condenas por despidos e impagos

La empresa donde trabajaba la educadora asesinada en un piso tutelado de menores acumula condenas judiciales por su trato a su propio personal. El caso en el que tres menores de edad han acabado con la vida de una trabajadora social en Badajoz a golpes y asfixiada con un cinturón mientras trabajaba sola ha destapado la precariedad de la entidad Centro Rural Joven Vida (CERUJOVI).

Tal como ha comprobado OKDIARIO, existe una decena de resoluciones judiciales de litigios laborales en los que habitualmente pierde CERUJOVI. Se trata de resoluciones judiciales de, sobre todo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y los Juzgados de lo Social de esa comunidad donde lleva a cabo sus proyectos de acogida de menores.

La cronología de los litigios recientes empieza en 2020. Entonces el Juzgado de lo Social número 1 Badajoz declaró improcedente el despido de una trabajadora de ayuda a domicilio. CERUJOVI y El Bastón Servicios de Apoyo (empresa con los mismos administradores) fueron condenados solidariamente tras demostrarse que compartían actividad económica, domicilio social y directivos.

En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirmó la improcedencia del despido de una auxiliar técnica educativa, rechazando el intento de CERUJOVI de trasladar la responsabilidad a otra empresa tras perder una adjudicación por sentencia contencioso-administrativa.

Un año después, en 2023, otro varapalo judicial a la empresa donde trabajaba la educadora asesinada. El TSJ aumentó la cuantía de los salarios de tramitación tras un despido nulo. Tras constatar la imposibilidad de readmitir a un trabajador cuyo cese fue irregular, la Justicia aumentó ligeramente su cuantía a percibir.

Del mismo modo, entre otros caso, en 2024, el TSJ en otra sentencia condenó a CERUJOVI al pago de más de 14.000 euros por horas extraordinarias e incrementos salariales a un educador social, rechazando la aplicación retroactiva del III Convenio Colectivo.

Estas resoluciones confirman un patrón de un clima laboral crítico en esa empresa. Se trata de una adjudicataria de medio centenar de contratos públicos y la precariedad era la nota dominante. Tal como denunció la educadora asesinada tenía a su cargo niños muy problemáticos en la casa de reinserción y estaba sola.

Los problemas legales de CERUJOVI, entidad social que no presenta cuentas anuales ante el Registro Mercantil, acumula problemas recurrentes con la subrogación de personal de otras empresas del sector. En varios casos, CERUJOVI ha interpretado incorrectamente los mecanismos de subrogación previstos en el Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, siendo éste un tema constante desde los primeros casos hasta los más recientes.

Por otra parte, CERUJOVI ha tenido problemas por estructuras empresariales complejas, con licitaciones de la Junta de Extremadura, interpretaciones erróneas de la normativa laboral y gestión deficiente de los despidos.

A partir de ahora esta empresa queda tocada por el asesinato de Belén Cortés, la educadora social que fue hallada muerta el pasado domingo en un piso tutelado del barrio de Castillo de Benquerencia, en Badajoz. Se trataría de menores que consumían sustancias y que querían fugarse del chalet en coche a toda costa.

Los detenidos son una joven de 17 años y dos chicos de 15 y 14 años, quienes residían en esta vivienda destinada al cumplimiento de medidas judiciales en régimen semiabierto. Estos mismos menores se habían fugado durante los Carnavales.

La gestión del recurso

El piso lleva gestionado por CERUJOVI desde 2018, un encargo que suma, al menos, 25 adjudicaciones hasta la fecha. La empresa, que comenzó como una ONG en Vivares (Don Benito) en 2001, se transformó posteriormente en empresa para poder ampliar sus servicios.

Desde la gerencia han asegurado que «las cosas se están haciendo correctamente, en base al pliego de la Junta de Extremadura», aunque reconocen estar «pasando muy mal» esta situación. «Es una cosa muy dura que nadie se esperaba que ocurriera», han manifestado, transmitiendo en sus redes sus «sentidas condolencias a la familia, amistades y compañeros» de la víctima.

El trágico suceso ha puesto de manifiesto las preocupaciones sobre seguridad que venían expresando los trabajadores de estos recursos. Según informan los propios empleados, existen tres turnos y los educadores sociales que trabajan en horario nocturno lo hacen solos, sin compañía de otro profesional.

Ante esta situación, denuncian que en caso de emergencia, contratiempo o enfermedad de alguno de los internos, resultaría imposible atender adecuadamente a todos los residentes. La empresa, por su parte, responde que «los trabajadores saben que los recursos que se disponen son los que aparecen en el pliego de la Junta», trasladando la responsabilidad a la Administración.

La empresa cuenta con dos pisos para cumplimiento de medidas judiciales en régimen semiabierto en la región, ambos ubicados en Badajoz. La adjudicación de estos recursos se realizó en julio de 2023 con una duración máxima de 731 días.

Aunque la gestión del piso corresponde a la empresa, la supervisión del cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato es competencia de la Junta de Extremadura. Desde la Consejería de Servicios Sociales han lamentado a medios locales lo ocurrido, pero no han querido hacer valoraciones adicionales: «En estos momentos la investigación policial y judicial sigue su curso, por lo que no podemos realizar más valoraciones sobre lo sucedido».

Los vecinos del inmueble han declarado que no escucharon ruidos en el edificio, que fue alquilado por la Junta en febrero de este año. La investigación continúa abierta para determinar el grado de implicación de cada uno de los detenidos en este trágico suceso que ha conmocionado a la sociedad extremeña.