Un tribunal dicta el embargo de un avión de Ryanair tras la reclamación de un pasajero sin indemnizar; la empresa lo niega

• Ángel Pérez
• Soy Ángel Pérez, periodista titulado por la Universidad Europea y con un máster de Periodismo Deportivo en la Universidad Villanueva.
• • 18/03/2026 13:59
  • Actualizado: 18/03/2026 13:59

Un avión de la aerolínea Ryanair habría sido incautado temporalmente por orden judicial tras la denuncia de una pasajera que no había recibido la indemnización de 890 euros que le correspondía por un vuelo con destino a Mallorca.

El incidente tuvo lugar el 9 de marzo de 2026 en el aeropuerto de Linz, en Austria, cuando un agente judicial subió a bordo de un Boeing 737 de la compañía para ejecutar una orden de embargo. El origen de este problema se remonta a julio de 2024, cuando la mujer debía viajar desde Austria hasta Palma de Mallorca junto a dos acompañantes.

El vuelo, sin embargo, se retrasó más de 13 horas, lo que obligó al grupo a comprar billetes alternativos. Ryanair devolvió el precio del billete, pero no la diferencia del nuevo vuelo ni la compensación solicitada por la pasajera. Tras intentos de reclamación, la afectada decidió ir a los tribunales, quienes le dieron la razón.

Ryanair lo niega

La orden judicial permitió a un agente de la justicia acceder al avión para colocar la pegatina de embargo, una señal que indica que el bien queda bajo control judicial hasta que se pague la deuda. Según apuntan fuentes aeroportuarias, se intentó incluso cobrar la cantidad directamente a la tripulación. A pesar de ello, el avión pudo continuar su operación y despegar posteriormente, según lo previsto, en dirección a Londres.

Si la compañía no paga la cantidad reclamada, Ryanair se expondría a que el avión se subastase para cubrir el importe. La compañía ha negado que alguno de sus aviones haya sido incautado oficialmente y ha asegurado que las informaciones que hablan de embargo no son correctas.

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre derechos de los pasajeros aéreos en Europa, cuando la normativa permite que las personas puedan reclamar compensaciones económicas cuando se sufren retrasos.