La Policía desmantela en Cantabria una red de prostitución de mujeres procedentes de Colombia

La Policía Nacional ha desmantelado en Cantabria una red dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres procedentes de Colombia, en una operación en la que se ha detenido a ocho personas, cuatro en Santander, tres en Torrelavega y una en Vinaroz (Castellón), y se ha liberado a tres mujeres.

La investigación policial se inició a raíz de una denuncia telefónica recibida en el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional (teléfono 900 10 50 90), que sacaba a la luz la existencia de una organización criminal de origen colombiano que explotaba sexualmente a mujeres en dos pisos de citas ubicados en Santander y Torrelavega.

Según la Policía se trata de un clan familiar de origen colombiano que se dedicaba a captar mujeres en situación de gran vulnerabilidad y extrema necesidad para, con falsas promesas laborales, trasladarlas desde Colombia hasta España donde finalmente eran obligadas a prostituirse.

Tras diversas gestiones, los agentes constataron que la organización tenía una estructura muy definida, estando lideraba por una mujer que dirigía toda la red desde el municipio de Torrelavega.

En el siguiente nivel de la organización se encontraban sus dos hijos, que se encargaban del traslado de las mujeres a Cantabria, el control de los pisos de citas y de la gestión de los anuncios de los servicios sexuales en diversos portales de Internet.

Por otro lado, la red contaba con un captador, residente en Colombia, que era el encargado de captar a mujeres vulnerables con falsas promesas de trabajo en España y entregarlas el dinero necesario para que éstas pudieran viajar a la Península.

Una vez en España, las mujeres eran trasladadas a dos pisos de citas, uno en Santander y otro en Torrelavega, donde eran recibidas por las encargadas o «mamis», último escalón de la red.

En esos pisos eran obligadas, bajo amenazas y coacciones, a ejercer la prostitución para hacer frente a la deuda que habían contraído por los gastos del viaje y que ascendía a más de 5.000 euros.