La Guardia Civil detiene a los dueños de una residencia por la muerte de una anciana por desnutrición

Escándalo en Soto del Real (Madrid) por la muerte de una anciana de más de 100 años por deshidratación y desnutrición mientras estaba ingresada en una residencia geriátrica. Por ello, la Guardia Civil ha detenido a dos hermanos, propietarios del centro, por la muerte de la mujer, sólo una semana antes del cierre de las instalaciones tras una denuncia de la Fiscalía al apreciar peligro para sus residentes.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a Efe que el detenido este jueves es Carlos P.B., propietario de la residencia Arzobispo Morcillo junto a su hermano, que fue detenido el pasado 15 de julio. Ambos son presuntamente responsables de la muerte de una de las residentes, una mujer de 101 años que falleció el pasado 7 de julio en el hospital madrileño de La Paz por deshidratación y desnutrición.

Además de un delito de homicidio imprudente, están acusados de un delito de lesiones y otro contra la salud pública. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Colmenar Viejo está instruyendo la causa.

Fue un sobrino de la residente centenaria el que denunció que la muerte de la misma podía estar relacionada con el trato que la mujer recibía en el centro. Les acusó, además, de no suministrar la medicación adecuada a su tía que había sido prescrita en el hospital La Paz donde había sido ingresada y dada de alta en varias ocasiones anteriores.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia han explicado a Efe que la mujer fallecida fue una de las tres personas de la residencia que fueron trasladados a principios de julio al Hospital de la Paz, aunque su estado en ese momento era leve. Las mismas fuentes han detallado, además, que colaborarán con la Justicia «en lo necesario».

La Comunidad de Madrid ha decidido cerrar durante un año esta residencia, de gestión privada, tras comprobar que el centro no estaba garantizando la adecuada atención médica, ni los cuidados básicos a los usuarios, ni su adecuada alimentación.

La decisión la tomó a petición de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que lo solicitó tras una visita rutinaria realizada por la fiscal de Alcobendas especialista en discapacidades en la que constató el estado «deplorable» a los residentes y las instalaciones. Además de urgir al cierre del centro, que se hizo efectivo el 12 de julio, la Fiscalía solicitó a la Guardia Civil un atestado. Fruto de esa investigación, los agentes han detenido a uno de los responsables del centro.

Uno de los responsables explicó a la fiscal que no tenía acceso a los historiales médicos de los sesenta pacientes que se encontraban en una sala, con solo dos auxiliares para atenderlos y presentando alguno de ellos «mal estado físico».

La Fiscalía precisó en su momento que en la sala donde se guardaban los medicamentos no funcionaba la nevera donde deben conservarse aquellos que deben estar a baja temperatura, de modo que se había roto la cadena de frío en casos como la insulina. También detectaron «bastante suciedad, falta de higiene, comida en dudoso estado de conservación así como otra habitación que, a modo de almacén, servía para acumular cajas llenas de medicamentos».

Había riesgo de incendio porque no funcionaban las mangueras y el cuarto de calderas tenía una fuga de agua. Además de decretar el cierre, el Gobierno regional impuso a los propietarios una sanción de 127.000 euros. El pasado mes de febrero ya había impuesto una sanción de 24.204 euros a la residencia por falta de mantenimiento y limpieza, y por tener menús que no habían sido supervisados por personal cualificado.