La victoria de los derrotados

No hace mucho, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez presumió de que “fue un Gobierno socialista quien derrotó definitivamente a ETA”. Se trata de una gran mentira. Ni Zapatero ni Rubalcaba, su ministro de Interior, consiguieron derrotar a ETA. Lo que sí hicieron fue iniciar un proceso de claudicación ante la banda terrorista al poner en marcha una negociación en toda regla, que contenía graves concesiones políticas –entre ellas el reconocimiento de la existencia de Euskal Herria con inclusión de Navarra– y la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva a cambio del cese de la violencia.

Desde enero de 2005, y como fruto de numerosas conversaciones desde años anteriores, el socialista Eguiguren y el etarra Otegui prepararon el camino para un “final dialogado” de la violencia. Por su parte, la banda terrorista exigía garantías y Zapatero se las dio. El 17 de mayo de 2005, Rubalcaba, ministro de Interior, conseguía la autorización del Congreso –con los votos de los mismos socios separatistas que hoy sostienen a Pedro Sánchez– para poner en marcha el proceso de paz siempre que se produjera la renuncia expresa y definitiva de ETA a la violencia.

Durante casi un año el Gobierno demostró con gestos su buena voluntad y, por fin, después de llegar a un acuerdo sobre el método, ETA anunció el 22 de marzo de 2006 un alto el fuego permanente. Tres meses después el 29 de junio de 2006, Zapatero desde el zaguán del Congreso anunció a bombo y platillo la apertura de conversaciones para un final negociado de la violencia, introduciendo en su intervención determinadas frases previamente pactadas con ETA.

Se formaron dos mesas de negociación, una del Gobierno con la banda criminal, con presencia de observadores internacionales, para pactar la entrega de las armas y la impunidad para los presos y demás miembros de la banda (Ginebra y Oslo) y la otra, política, donde la voz cantante la llevarían Eguiguren y Otegui, cuyas reuniones se celebraron en la oscuridad de la casa de ejercicios de los jesuitas en Loyola, a las que asistieron también representantes del PNV como el actual lendakari vasco Iñigo Urkullu. Los socialistas estuvieron dispuestos a reconocer la “unidad territorial de Euskal Herria”, con inclusión de Navarra. Lejos quedaron las palabras de Rubalcaba en 1988: “Nunca nos sentaremos en una mesa en la que estén presentes gentes como Josu Ternera”. Eran del mismo que el 13 de marzo de 2004. en plena jornada de reflexión y a pocas horas de que se abrieran los colegios electorales en las elecciones trastocadas por el 11M, dijo aquella frase que tanto influyó en el triunfo por la mínima de Zapatero: “Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta, que les diga siempre la verdad”.

Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. El 29 de diciembre de 2006, Zapatero felicitó el año nuevo a los españoles: “Es de sentido común afirmar que se está mejor cuando hay un alto el fuego permanente que cuando había bombas como en las Navidades del año pasado”. Al día siguiente, ETA dinamitó sus ilusiones provocando la muerte de dos súbditos ecuatorianos al destruir la T4 de Barajas. Intentos posteriores fracasaron.

Por fortuna la persecución de los crímenes etarras nunca se detuvo gracias a la labor infatigable e impagable de jueces, guardias civiles, policías y fiscales destinados a la lucha contra el terrorismo. Sin olvidar la decisiva colaboración en los últimos tiempos de la justicia y la gendarmería francesa. Llegó un momento en que la banda se sintió tan acorralada que buscó una salida airosa pactada con el PNV. El 10 de enero de 2011, ETA anunció un “alto el fuego, permanente, general y verificable”. Rubalcaba rechazó entonces la pretensión de reanudar las negociaciones de 2005-2007. Estábamos en un año electoral y la opinión pública no hubiera aceptado ninguna componenda. En noviembre de 2011 Zapatero y Rubalcaba se vieron obligados a hacer mutis por el foro.

El nuevo Gobierno del PP dejó bien claro que el único camino para ETA era su disolución. Ocho años después, la banda terrorista anunció su disolución y el 3 de mayo de 2019 escenificó una farsa de entrega de armas.

ETA había sido derrotada como organización criminal. Pero no mostró la menor contrición. Había llegado, dijeron, el momento de la política. Y el 5 de mayo, PNV y Bildu presentaron, juntos, en el Parlamento Vasco un proyecto de Bases para un nuevo Estatus. El objetivo a corto plazo es el establecimiento de una unión confederal entre el País Vasco y España. De tú a tú, de soberano a soberano. Se creó una comisión de expertos que no llegó a ningún acuerdo unánime. El coronavirus ha congelado el proyecto, que no archivado.

Pero la llegada al poder de Pedro Sánchez ha producido un efecto inesperado. Bildu es hoy socio privilegiado del poder. Por aprobar los presupuestos les han convertido en valientes demócratas y patriotas. Los que, durante cincuenta años, cuarenta de ellos en plena democracia, asesinaron, aterrorizaron, robaron y extorsionaron, sin mostrar piedad hacia sus víctimas ni el menor arrepentimiento, reciben ahora los aplausos de un sector del Congreso. No ocultan –lo han repetido en Pamplona este último sábado– que se proponen “demoler el propio régimen”, “romper la unidad indivisible del reino español” y avanzar “hacia una república vasca en Europa”.

Hace un par de meses ahorcaron al Rey Felipe VI y a Cristóbal Colón en efigie frente al Palacio de Navarra. Fue un acto justiciero según dijeron. El odio impregna todas sus actuaciones. Son los nuevos socios del Gobierno. También en Navarra. Han llegado de la mano de Podemos. Están convencidos de que con Sánchez pronto saborearán la victoria de los derrotados.