Trapero no puede obligar a incumplir la ley a sus hombres

Josep Lluís Trapero no está cumpliendo con lo que se esperaba de él. En teoría, el mayor de los Mossos d’Esquadra había ordenado a sus hombres que cumplieran con la ley para frenar el referéndum independentista del próximo 1 de octubre en Cataluña. No obstante, las palabras quedan en nada a tenor de los hechos. La pasividad de los agentes autonómicos ante la violencia que coloniza las calles de la región es sumamente manifiesta. ¿Dónde estaban la noche del pasado miércoles cuando un millar de energúmenos cercaron un cuartel de la Guardia Civil en Manresa? Ni estaban, ni se les esperaba. Tal es el nivel de inacción que incluso ha tenido que intervenir el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, para pedirle a Trapero que cambie de actitud y haga que sus hombres cumplan la ley.

De lo contrario, tanto el Gobierno como el Ministerio del Interior tendrán que tomar las medidas necesarias para acabar con esta merma. Trapero no puede abandonar a su suerte la correcta convivencia de Cataluña, ya que es lo mismo que abandonar a los propios catalanes. Si los Mossos no imponen orden y hacen cumplir la ley, los ciudadanos serán presa de las veleidades arbitrarias e incontrolables de acémilas como los cachorros de Arran, la kale borroka de nuevo cuño auspiciada por la CUP. Ante la violencia extrema que ha llevado a los radicales a destrozar coches de la Guardia Civil y acosar a sus agentes, la única respuesta de Josep Lluís Trapero ha sido decirle a sus efectivos que «han de ser especialmente restrictivos y cuidadosos con el uso de la fuerza». Eso a pesar de que, en ocasiones, las calles catalanas parecen un auténtico campo de batalla donde unos hooligans dan rienda suelta a sus impulsos más primarios con la vana excusa de la política.

Política que, por otra parte, es inexistente cuando, como en el caso del procés, un determinado movimiento se instala en la ilegalidad. La omisión que Trapero está haciendo de sus responsabilidades también está provocando una profunda sima dentro del propio cuerpo policial que encabeza. La división comienza a ser evidente entre los constitucionalistas y los secesionistas. De hecho, algunos agentes han recibido amenazas anónimas en sus taquillas: «Mercenarios españolitas». ¿El motivo? Sólo querer que la ley se cumpla y se respete el gran pacto social que supuso la Constitución de 1978. Una guerra interna que no favorece en nada la viabilidad de este grupo. Trapero sabe que el Tribunal Constitucional vigila de cerca sus pasos. No obstante, y más allá incluso de eso, debería preocuparse de hacer su trajo aunque sólo fuera porque este conato de golpe de Estado no acabe como el rosario de la aurora.