La trampa que prepara Sánchez es que los vocales afines en el CGPJ bloqueen la futura ley

Después de que el ministro socialista Félix Bolaños, negociador y firmante del pacto de renovación del CGPJ, haya dicho, sin temblarle una ceja, que la reforma del sistema de elección de los vocales jueces «no es vinculante» para las Cortes, parece evidente el Gobierno empieza a enseñar la patita. La trampa estaba ahí: en que después de la firma entre PSOE y PP, el espíritu del pacto que habrá de convertirse en ley  -que los jueces elijan a los jueces- sea corregido en el Parlamento con los socialistas al frente o, incluso, que ni llegue a debatirse en el Congreso de los Diputados.

En el PP remarcan que el PSOE de Pedro Sánchez «no podrá negarse a apoyarla en el Parlamento una vez que la Unión Europea haya hecho un seguimiento del caso español en comparación con los otros países donde los jueces eligen a sus pares». Eso de que «no podrá negarse a apoyarla», conociendo a Pedro Sánchez, es una visión trufada de optimismo o de candidez, según se quiera, porque el presidente del Gobierno es un consumado especialista en hacer en cada momento lo que mejor convenga a sus particulares intereses, incluso a costa de quedar señalado en la UE. Porque si los miembros elegidos por el PSOE para el nuevo CGPJ ponen trabas a eso de que los jueces elijan a los jueces, la ley no llega al Parlamento y Sánchez no tendría siquiera que retratarse.

Es cierto que la Comisión Europea vigilará que la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactada por PP y PSOE siga el modelo de los países donde los jueces eligen a los jueces. Primero, supervisando el examen (en un plazo de seis meses) que harán los nuevos miembros del CGPJ en base a los «sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español», en su mayoría con una participación fundamental de los jueces. Y luego evaluando, a través del informe del Estado de Derecho que elabora la propia Comisión, la propuesta de reforma del sistema de elección que el CGPJ remita a las Cortes para su aprobación, «en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos». Digamos que estaría feo que Sánchez no cumpliera lo acordado, pero de ahí a que no tenga más remedio que hacerlo hay un trecho muy largo. Tan largo como el propio Pedro Sánchez.