Subir impuestos a la compra de viviendas ¿de lujo?

Está siendo noticia en la prensa mallorquina la proyectada reforma del Govern balear de subir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a un tipo del 12% para las compras de inmuebles usados superiores a 3 millones de euros, medida que parece estar contemplada en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2023.

La subida, que no parece muy apropiada ante la fuerte recesión que se avecina, es vendida por las terminales mediáticas afines al Govern como algo que afecta a las viviendas de lujo o a las compras de millonarios, sin desvelar todo lo que subyace bajo este ya desmedido impuesto, que en Baleares se paga mucho más caro que en los países de nuestro entorno y también que en las demás comunidades autónomas del país, llegando a doblar el tipo impositivo de la Comunidad de Madrid, donde todas las adquisiciones de viviendas usadas tributan al 6%.

La medida resulta absolutamente innecesaria por las razones que seguidamente les voy a explicar, con independencia de los nubarrones que se ciernen actualmente sobre la economía mundial, que tampoco deberían ser una preocupación descartable para unos gobernantes verdaderamente responsables y que no fueran notorios prisioneros de sus numerosos condicionantes ideológicos y, en algunos, casi xenofóbicos.

El Ejecutivo balear vive actualmente un momento de récord en su recaudación tributaria, habiendo triplicado en 10 años lo recaudado por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que grava las ventas de inmuebles usados. De los 185 millones de euros que se recaudaron en 2012 hemos pasado a los 537 presupuestados para el 2022, de los que a estas alturas de año ya han ingresado 475 millones. Y, si contamos el periodo gobernado por el actual Pacte de Progrés, el incremento es también exponencial, pasando de los 346 millones del año 2015 a los 537 actuales.

Si a esas espectaculares cifras unimos las recaudadas por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que grava la venta de viviendas nuevas y los préstamos hipotecarios para la financiación de la compra de toda clase de viviendas, tenemos el festival completo. De 61 millones ingresados por el Govern en 2012 y 87 millones en 2015 hemos pasado a 142 millones en el 2022. Sumando las dos modalidades de gravamen, la Comunidad Autónoma va a ingresar este año 680 millones de euros, cuando hace diez años ingresaba 246. En resumen, la recaudación tributaria autonómica por la venta de inmuebles está cerca de triplicarse en el periodo 2012-2022. Y aún quieren más.

Todo ello viene agravado por la aplicación, desde enero de 2022, de los valores de referencia que para cada inmueble ha fijado la Administración tributaria, de forma que ahora ya no se pagan los impuestos por el precio señalado en la escritura, sino por ese valor que Hacienda les ha asignado, que en un buen número de casos resulta bastante superior. Con la paradoja, que he llegado a vivir en mi despacho profesional, de que existen Viviendas de Protección Oficial con un precio máximo fijado por la Conselleria de Vivienda, por encima del cual no se pueden vender, pero a las que la Agencia Tributaria balear les cobra los impuestos por un valor superior. Aquí la Administración autonómica se contradice a sí misma con el sólo objetivo de recaudar más.

La subida anunciada para 2023 a las viviendas más caras aún tendría cierto sentido, tratándose de un gobierno progresista, si fuera acompañada de una notable bajada para las viviendas más baratas, que en Baleares tributan a un carísimo 8% y sólo en supuestos excesivamente restringidos a un tipo reducido del 5%. Pero eso está lejos de las intenciones del Pacte de Progrés que, además de no haber construido en seis años un número apreciable de viviendas sociales, tiene en el mantenimiento de un infierno tributario una de sus principales señas de identidad.

El resultado de dicho infierno fiscal no afecta realmente a los ricos, ni a las viviendas de lujo, como a ustedes les tratan de vender. Nada más lejos de la realidad. Con independencia de la inoportunidad de subir los impuestos en momentos de recesión mundial y cuando la propia Administración autonómica ha triplicado en pocos años sus ingresos tributarios, estas políticas de gasto ilimitado y recaudación obsesiva no hacen accesible para nuestros jóvenes la compra de una vivienda.

Si piensan ustedes que los bancos sólo financian el 80% del valor de tasación o del precio de la vivienda, y que los compradores necesitan un 8% para pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al Govern balear, además de los gastos de notaría, registro y gestoría, nos ponemos en que una pareja de treintañeros necesita haber ahorrado cerca del 30% del precio de su anhelada propiedad para poder afrontar su compra, impuestos y gastos. ¿Conocen ustedes a algún mileurista en estas privilegiadas condiciones?