Si Maduro tira de la manta…

Hace ahora un año el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley reclamando la liberación de los presos políticos de Venezuela. Pero Podemos, representado por Pablo Bustinduy, se abstuvo. Bustinduy es hijo de la ex ministra de Sanidad con el PSOE y hoy consejera de Red Eléctrica Española, Ángeles Amador, y de Javier Bustinduy, quien fue director del Metro de Madrid y de Cercanías de Renfe. O sea, como casi todos los altos cargos podemitas, un niño bien criado a la teta de “la casta”. Pero a Bustinduy le pareció que aquella iniciativa sólo pretendía “criminalizar” a su partido. Hace un mes Podemos se negó a condenar la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela —controlado por los chavistas— de inhabilitar a la Asamblea Nacional, con superioridad de la oposición. En esta ocasión Bustinduy dijo que se trataba de un simple “conflicto de legitimidades democráticas igualmente elegidas por las urnas”. Y hace tan sólo un mes, Podemos y ERC impidieron que el Congreso aprobara una declaración institucional sobre la “grave situación política” de Venezuela en cuyo texto se pedía la liberación de “todos los presos políticos”.

Este martes el PP ha llevado al pleno del Congreso una proposición no de ley ante la “grave crisis institucional” en Venezuela, para que la Cámara y el Gobierno exijan al régimen venezolano que respete la democracia, garantice la separación de poderes y libere a los presos políticos. En su exposición de motivos dice que “Venezuela es hoy una democracia fallida con presos políticos, la oposición perseguida, el Parlamento suspendido y en plena alarma social por la falta de alimentos y medicamentos.” Este planteamiento es compartido por la inmensa mayoría de la opinión pública española y todos los partidos del bloque constitucional lo comparten. Resulta, por tanto, difícil de entender la posición de Podemos, tanto que ni ellos son capaces de explicarla y tratan inútilmente de hacer creer que se critica la narcodictadura venezolana para atacarles a ellos. Por eso, el hijo de la casta, el niño pijo Bustinduy, sólo ha podido hablar hoy de la corrupción del PP, entre aplausos y gesticulaciones grotescas y teatrales de su grupo.

Pero hace unos meses todos pudimos ver un documento firmado por el propio Hugo Chávez en 2008, en el que se reveló que el Gobierno chavista pagó al menos siete millones de dólares a los actuales dirigentes de Podemos a través de la fundación CEPS con el objetivo de extender el «movimiento bolivariano» en España. También supimos que Monedero cobró 425.150 euros del gobierno de Venezuela, a cambio de un supuesto informe que nunca nos quiso enseñar, importe por el que intentó defraudar a Hacienda y sólo regularizó cuando fue descubierto. Hasta el propio Pablo Iglesias cobró del Gobierno de Maduro 270.000 euros en un paraíso fiscal. Pero como el partido Podemos no se constituyó hasta 2014, y como la financiación ilegal sólo es delito desde julio de 2015, toda esto no ha sido investigado por nuestros tribunales, lo que los podemitas tergiversan para hacer creer que, como no es delito, no existe.

No obstante, con todas las piezas del puzle sobre la mesa, entendemos por qué Podemos sigue negándose a condenar los crímenes de la narcodictadura bolivariana. Es fácil imaginar lo que el represor Nicolás Maduro podría contarnos si quisiera. Si los niños pijos de “la casta” española, a los que su régimen ha financiado, quisieran limpiarse las manos de la sangre de los inocentes opositores asesinados en las calles de Venezuela, nos íbamos a enterar de verdad de dónde provenían todos aquellos anónimos donativos que aparecieron en las cuentas del partido en sus primeros meses como un providencial maná. Si Maduro tirara de la manta se le verían las vergüenzas a Podemos.