Propaganda criminal

Un maltratador es tan despreciable como cualquier violador, pederasta o torturador. Sin embargo, por cómo los políticos han organizado el sistema Viogen, tiene muchas posibilidades de quedar impune entre la avalancha de denuncias falsas, cerradas con archivo provisional impidiendo al denunciado ejercer acciones legales contra la denunciante. Hasta puedo entender que, si se trata de proteger a las mujeres, en caso de duda a favor de ellas, pero no con condenas a hombres inocentes.

El Gobierno no puede explicar que se registren un año 160.000 denuncias de maltrato, se celebren 50.000 juicios, 30.000 con condenas y, de ellos, más de la mitad de conformidad, porque el hombre se sabe condenado y acepta una pena menor siendo inocente. Es una barbaridad antijurídica, un desprecio a las personas que se lleven a cabo estas prácticas sin que nadie levante la voz por respeto a los derechos humanos. Entre las 110.000 denuncias que no llegan a juicio, hay, seguro, numerosas que son denuncias falsas –varias miles-, con las que la autora busca una ventaja sobre su pareja en la separación. El “yo sí te creo” que condena a inocentes, como el “yo no te creo” que deja impunes a maltratadores no son propios de una sociedad con estado de derecho. La justicia está polarizada, arrastrada a la división política y social sobre esta materia por una carencia de rigor del Gobierno y negligente regulación de protocolos policiales.

Una amplia corriente de opinión combate las denuncias falsas restando importancia a la práctica de maltrato. Existen alimañas que deben ser combatidas, pero no con propaganda y chiringuitos sino con recursos dirigidos a las mujeres maltratadas, impartiendo justicia y protocolos policiales de investigación. Las mujeres víctimas de este terrorismo se encuentran solas, sin ayuda económica, dependiendo de su familia y engañadas por la propaganda del Gobierno, vacía de contenido. Es una tragedia cada mujer asesinada (ya tenemos la primera víctima en 2022), pero parece un tributo que la clase política paga gustosa por mantener su política falsamente feminista sin hacer nada práctico para combatir con eficacia esta lacra.

Hace pocas semanas un asesino mato a su expareja y la hija de ambos, de 11 meses, a pesar de que la Guardia Civil estuvo identificándolo y no lo detuvo. ¿Sabe el Gobierno si esos guardias civiles tenían las herramientas técnicas para comprobar la situación de ese criminal? Porque él no va con un letrero en la frente diciendo cuál es su situación. ¿Sabe si tienen un protocolo disponiendo que se pueda trasladar al cuartel (que puede estar muy lejos) a ese criminal para comprobar su situación sin riesgo jurídico para ellos? El Gobierno ni lo sabe, ni le importa. Le basta y sobra con la propaganda.

Caso reciente: mujer golpeada y amenazada de muerte un día de fiesta (entre otras varias amenazas en semanas anteriores), acude a la comisaría y en la Oficina de Denuncias, un mal policía que no merece vestir el uniforme, le dice que en fiesta no trabaja la UFAM y que vuelva al día siguiente. Estaba obligado a tramitar la denuncia. Días antes, la amenaza con insulto de su expareja (“te vas a cagar, puta”), era una nimiedad y no procedía denuncia. La propaganda política y policial repugna por su falsedad; nunca sabremos, por la implacable omertá, cuántas de las mujeres asesinadas cada año son víctimas de la propaganda criminal, confiadas en una protección y ayuda policial y judicial que no existe. Les piden que salten al vacío sin paracaídas. Se alienta a las mujeres a convertirse en diana de las alimañas porque son munición de su propaganda política.