Primera gran burla al TC, al fiscal y a la ley

La campaña del referéndum ilegal ha comenzado sin que nadie haya hecho nada por evitarlo. Ni rastro de los Mossos d’Esquadra en el pabellón Tarraco Arena, donde 7.500 personas han llenado el aforo a favor del golpe de Estado del próximo 1 de octubre. El primer gol de este encuentro decisivo para la unidad de España lo han marcado los golpistas. Algo que no debe ocurrir más. Puigdemont y Junqueras se han saltado a la torera las advertencias del Ejecutivo y del Tribunal Constitucional (TC) y han apadrinado un aquelarre que ahonda en el desafío institucional. Un evento a mayor gloria de la propaganda golpista. Repleto de burlas al Gobierno e incluso a la Guardia Civil, a la que se han referido al grito de «¿dónde están las papeletas?». Intolerable.

Llegados a este momento, las advertencias bienintencionadas, de tan infructuosas, rozan la ridiculez. Las acciones deben prevalecer sobre las palabras. Es loable que el Gobierno quiera evitar posibles confrontaciones en las calles. Sin embargo, la inacción no puede colonizar este problema. El Constitucional y la Fiscalía deben inhabilitar y perseguir legalmente a todas las personas que impulsan esta sinrazón jurídica y política. El Estado de Derecho tiene que impedir que una ilegalidad supina como ésta siga cogiendo cuerpo porque, de lo contrario, muy pronto será demasiado tarde para frenar una bola de nieve que crece y crece. EL TC había suspendido de urgencia la ley del referéndum y también había apercibido a los 948 alcaldes catalanes y a los 62 cargos de la Generalitat para que no participaran de la organización de la consulta ilegal. Sin embargo, las medidas disuasorias no han servido para nada.

El Tarraco Arena se ha llenado a pesar de que el mitin es constitutivo de delito y puede conllevar consecuencias penales. El acto de este jueves no corresponde al ámbito de la libertad de expresión ni al derecho de reunión, tal y como argumentan de manera falaz tanto los independentistas como Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos no ha tardado en prestarle apoyo público a estos pirómanos de la política hasta el punto de atacar a Felipe VI, al que ha acusado de ser «incapaz de hablar de los problemas de España». Cataluña está sujeta a los derechos y deberes de la Constitución. El Ejecutivo tiene que actuar con contundencia. Debe ser la primera y última vez que ocurre algo como lo de Tarragona. De lo contrario, España está en peligro tal y como la conocemos.