Pensiones y cuña fiscal

Problema serio y profundo en España es el de las pensiones. Por más vueltas que se dé al asunto, el dilema está aquí; ahora y en el futuro. Nadie se escapa. Los pensionistas, siempre más o menos preocupados, y quienes a corto y medio plazo accederán a tal condición, un poco asustados. Los más jóvenes, resignados porque están concienciados de ellos ya no llegarán a percibir pensión alguna. El déficit de la Seguridad Social de estos últimos años es de los que hace época y 2019 no será la excepción. No queda apenas dinero en la hucha de las pensiones o, mejor dicho, el que queda es más bien artificioso. Los poco más de 5.000 millones de euros no se tocan desde hace meses para pagar pensiones, ordinarias ni extraordinarias, mientras la Seguridad Social va recibiendo préstamos del Tesoro. Si el déficit de la Seguridad Social es crónico, su endeudamiento va galopando cada vez con más aceleración.

España tiene, en materia de pensiones, un sistema de reparto y no de capitalización. Eso quiere decir que quienes trabajan son los que cotizan y gracias a sus contribuciones, y a las de las empresas por las cargas sociales, llegan fondos al sistema que se destinan primordialmente para atender las pensiones, más que merecidas por sus años de trabajo y de cotización, de quienes están jubilados. En eso, de manera muy simple, consiste el sistema de reparto, distinto de aquel en el que el trabajador, con la colaboración de la empresa, va destinando a lo largo de su vida en activo parte de su salario a constituir un fondo de inversión, en realidad, de capitalización, donde va sumando y acumulando aportaciones hasta el día en que se jubile, momento a partir del cual, con cargo a tal fondo, irá cobrando su pensión.

Los más ortodoxos abogan por el régimen de capitalización como la mejor solución ante el problema de las pensiones. Se puede estar de acuerdo. El gran trance, no obstante, en un país como el nuestro y bajo unas condiciones económicas como las nuestras que, la verdad, son complicadas, bastante precarias y nada cómodas, es de qué modo cabría plantear una transición de un modelo de reparto a un modelo de capitalización. Cuando se lo propones a algún político, siempre saca una excusa para disculpar su ausencia debido a un acto oficial y te quedas con la pregunta a flor de piel.

En suma, que, en España, el sistema funciona, como siempre, gracias a que unos trabajan y cotizan y los jubilados perciben su pensión gracias a los cotizantes.

Ahora bien, si el empleo mejorara, si los salarios fueran más elevados y se ingresara más por más cotizaciones, no aumentándolas sino incrementando el número de cotizantes y la calidad de los sueldos, parte del problema se solventaría. Claro que eso implicaría menos desempleados, mejores empleos, más actividad económica y, en consecuencia, salarios mucho más elevados, tal cual ocurre en países avanzados que constituyen nuestra referencia. En el trasfondo de ello está, ¡cómo no!, la apuesta por un modelo productivo en España de mucha más calidad que el actual. Y por ahí, sinceramente, no vemos atisbos de mejora.

Nuestra fiscalidad, como recuerda la OCDE, se concentra excesivamente en los impuestos al trabajo, en lo que se conoce como la cuña fiscal: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y cotizaciones sociales. Además, el coste que grava la contratación, con una seguridad social muy costosa – de las más elevadas de Europa – es un freno para la mayor creación de empleo. A su vez, nuestro número de desempleados – más de 3 millones – acumula muchos parados de larga duración. En España, con una menor productividad y un paro más alto, tenemos un PIB per cápita bajo en comparación con los otros países avanzados. La desigualdad de los ingresos se agrava desde 2007: paro y menos ingresos en los hogares de rentas bajas, son sendos escollos. Dicho esto, ¿alguien, desde las esferas políticas, se ocupa del tema?