Pedro Sánchez y el Gobierno de la ‘omertá’

Se ha cumplido un mes desde la sentencia unánime del Tribunal Supremo que condenó a un total de 44 años de cárcel por el «caso mascarillas» al ex ministro de Fomento y ex secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos y a su mano derecha Koldo García Izaguirre. «Eres de lo mejor que tiene el Gobierno», le escribió Pedro Sánchez al primero. «Un ejemplo para la militancia», definió al segundo.

La condena incluye el delito de pertenencia a organización criminal, y por eso precisamente los magistrados del Alto Tribunal apreciaron la colaboración activa con la Justicia de Víctor de Aldama como atenuante muy cualificada, criterio apoyado por la Fiscalía, y decidieron suspender el cumplimiento de su condena a cuatro años y medio de prisión. Inquietante es la reacción del Gobierno de Sánchez y del PSOE al tratamiento penal favorable al empresario por su ayuda en la instrucción del caso. Olvidaban que la moción de censura que los llevó a La Moncloa se sustentaba en la sentencia del «caso Gürtel», cuyo denunciante, José Luis Peñas, fue premiado con un indulto parcial por Sánchez por su colaboración con la Justicia.

Así, el ministro de Transportes (sic), Óscar Puente, escribió en X: «¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos, pero luego os portáis bien y «colaboráis», el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada, ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora». La portavoz de Ferraz, Montserrat Mínguez, criticó también el trato favorable a Aldama: «¿Sale a cuenta ser corruptor en España?».

El propio Aldama reaccionó a la sentencia confiando en que su caso sirviera de ejemplo en otros procesos pendientes. «Espero que los que vienen detrás colaboren», dijo a la salida del Supremo. Ni un mes han tardado.

Las declaraciones escritas y verbales presentadas la semana pasada ante el juez por dos de los protagonistas del «caso Plus Ultra» han convertido el temor del Gobierno en auténtico pánico por la incriminación de Zapatero en la presunta red de tráfico de influencias que, con medio millón de euros de «mordida» como mínimo, resolvió la ayuda pública del Gobierno a favor de la aerolínea.

Los golpes de pecho del Gobierno y el PSOE sobre su colaboración «total» con la Justicia chocan con sus anatemas contra quienes violan la omertà, la ley del silencio de las organizaciones criminales, presunta aún en el caso de Zapatero, para allanar el camino a la ley en su lucha contra crímenes de especial gravedad como los de la corrupción.

Aquí la coyunda entre la justicia y la poesía, lo que se viene a llamar justicia poética, es inconmensurable: fue el Gobierno de Zapatero el que aprobó el trato penal favorable para los miembros de organizaciones criminales que colaboraran con las autoridades. Lo recordaba el propio Tribunal Supremo en su sentencia del pasado mes de junio al citar la reforma del capítulo del Código Penal dedicado a las organizaciones y grupos criminales.

Así, en 2010 se introdujo en el Código Penal el artículo 570 quáter, cuyo punto 4 establece que «los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer al responsable de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo la pena inferior en uno o dos grados, siempre que el sujeto haya abandonado de forma voluntaria sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes».

Estas formas de colaboración quedan explicitadas a continuación en el mismo punto 4: bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o grupos a que haya pertenecido, bien para evitar la perpetración de un delito que se tratara de cometer en el seno o a través de dichas organizaciones o grupos.

Zapatero vendió desde su primera legislatura su intención de endurecer la batalla contra el crimen organizado a través de la reforma del Código Penal. De hecho, una de las medidas estrella contempladas era la recompensa, a través de la rebaja de la pena, a los miembros de organizaciones criminales que colaboraran con las autoridades. Pero el proyecto de ley sobre la materia caducó con la disolución de las Cortes en 2008.

El remitido en la siguiente legislatura por Zapatero al Parlamento llevaba también recogido el trato penal favorable al colaborador con la justicia. El defensor del proyecto de ley en la tribuna fue el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a quien Zapatero habría tratado de situar ahora como abogado defensor de su testaferro Julio Martínez ante el temor de que este decidiera precisamente colaborar con la Justicia. Qué ironías del destino.

En el primer debate parlamentario sobre el proyecto de reforma del Código Penal, el 11 de marzo de 2010, Caamaño defendía las nuevas medidas contra la delincuencia organizada afirmando que se trataba de «un fenómeno que atenta directamente contra las bases mismas de la democracia», en la misma línea señalada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra los dos estrechos colaboradores de Sánchez.

Caamaño ponía el acento en la peligrosidad del crimen organizado por el hecho de que «genera tramas específicas dirigidas a asegurar la impunidad de sus actividades y de sus miembros, así como la ocultación de recursos y de rendimientos también ilícitos». La impunidad a la que se refería el ex ministro de Justicia era la que el juez antimafia Giovanni Falcone, asesinado por Cosa Nostra en las afueras de Palermo en 1992, vinculaba con la omertà.

«El corrupto no actúa solo; crea un ecosistema donde la lealtad se paga con complicidad y el silencio con impunidad», decía el juez Falcone en una cita destacada por Joaquín Manso en la portada de El Mundo el día después de la declaración del testaferro de Zapatero ante el juez.

En el mismo diario se preguntaba Andrés Trapiello días después si «¿Es el PSOE una organización criminal?» y apuntaba en su respuesta a la estrategia del partido de Sánchez ante los casos de corrupción que le afectan: «Tratar de destruir a los testigos que desbaratan sus falsas coartadas, a quienes los investigan y a los jueces que los instruyen».

La furibunda reacción del Gobierno y el PSOE de Sánchez contra los que han decidido romper con la omertà en los procesos que les atañen produce justificadamente una poderosa inquietud. Sobre todo cuando fueron los mismos socialistas los que establecieron en el Código Penal las recompensas por la colaboración con la justicia que ahora denigran.

Esto bastaría como prueba para respaldar a los que hablan de la evolución criminosa del partido de Sánchez y afirman que en La Moncloa se ha instalado una mafia decidida a destruir el Estado de derecho en su propio beneficio.

Afortunadamente, hay jueces, fiscales, policías y guardias civiles dispuestos a cumplir con su deber en la misma estela ejemplar de aquellos héroes que en Italia mantuvieron en pie el imperio de la ley al servicio de la libertad de todos contra una organización criminal que pretendía apoderarse del destino de la nación.