No hay amnistía para tamaña traición, Pedro Sánchez

Para no entrar en circunloquios ni en disquisiciones estériles vamos a definir la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez como un intento de sepultar el ordenamiento jurídico español a través de un confuso entramado de apariencia legal que no es otra cosa, en esencia, que una sedicente norma orientada a socavar el Código Penal. Puigdemont puede presumir de haber convertido a Pedro Sánchez en un títere, pero Puigdemont va a enfrentarse a un poder mucho más serio que el poder ejecutivo que encarna el presidente y, sobre todo, mucho más respetuoso con el Estado de Derecho que el corrupto moral que habita en la Moncloa: el Tribunal Supremo, garante de la ley, que no se mueve por la necesidad de garantizarse siete votos, sino por la obligación de preservar el marco constitucional.

La Ley de Amnistía recoge todas las exigencias de la formación separatista en el apartado de terrorismo, excluyendo la tortura y los tratos humanos degradantes, como recoge el mencionado artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También adapta la alta traición, al quedar excluida sólo cuando implica el «uso de la fuerza efectiva e incumple las resoluciones de Naciones Unidas en materia de invasiones», esencial para sortear la trama rusa; e incorpora la malversación, en el caso de que no haya habido enriquecimiento personal.

Una cosa ha quedado clara: Pedro Sánchez atenta contra el Estado de Derecho a través de un golpe al ordenamiento jurídico de dimensiones colosales, pero la Ley de Amnistía con la que pretende garantizarse su continuidad en el poder, aunque sea ratificada por el Congreso de los Diputados y publicada en el BOE, es difícil que tenga eficacia legal a corto plazo, porque el Tribunal Supremo presentará sin duda una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE que podría suspender su aplicación. Puigdemont ha vapuleado a Pedro Sánchez, que arrastrará por vida el estigma del traidor, pero esto no ha hecho más que empezar.