Narbona y la patada a las urnas de Extremadura

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 04/02/2026 19:45
  • Actualizado: 04/02/2026 19:45

En pleno debate sobre la política energética española, la presidenta de la Comisión de Transición Ecológica del congreso en el Congreso y a la sazón presidenta del PSOE, Cristina Narbona, insiste en que la energía nuclear y las renovables son incompatibles. Lo hace desde una convicción política firme, casi doctrinal, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha asumido como hoja de ruta. El problema es que esa afirmación no resiste el contraste con los datos ni con la realidad social del país. Y, como suele ocurrir cuando la ideología se impone a la evidencia, el resultado no es una transición justa, sino una política energética más cara, más frágil y menos democrática.

La energía nuclear no compite con las renovables, las complementa. Así funciona el mercado eléctrico español. El precio de la electricidad se fija hora a hora y depende de qué tecnología entra a cubrir la demanda. Cuantas más horas lo hacen tecnologías de bajo coste variable (renovables y nuclear), menos veces el precio queda en manos de los ciclos combinados de gas, que son los que disparan el recibo. En 2024, gracias al parque nuclear, el precio medio del mercado diario se situó en 62,9 €/MWh. Sin nuclear, ese precio habría ascendido hasta 99,7 €/MWh, un incremento del 58%, equivalente a casi 37 €/MWh adicionales, según constata la auditoria y consultora Price Waterhouse Cooper tras analizar los datos de Red Eléctrica Española (REE) y del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

No es una cifra abstracta. Ese diferencial se traduce en algo muy concreto, casi 8.000 millones de euros de ahorro anual para los consumidores. Sin el parque nuclear, la factura eléctrica habría aumentado un 23% para hogares y pymes y un 35% para la industria, comprometiendo renta familiar, competitividad empresarial y empleo. Defender el cierre nuclear mientras se habla de “escudo social” es, como mínimo, una contradicción.

Tampoco hay base climática para el discurso de Narbona. Prescindir de la nuclear supondría emitir 21 millones de toneladas adicionales de CO2 cada año, elevando las emisiones del sistema eléctrico un 73%. La nuclear aporta aproximadamente un tercio de toda la generación libre de emisiones en España, y su desaparición sería sustituida, no por más sol o viento, sino por más gas. Más emisiones, más dependencia exterior y más coste para el consumidor vía CO2.

Aquí es donde el discurso gubernamental empieza a resquebrajarse. Cerrar nucleares no refuerza la soberanía energética, la debilita. Sin ellas, los ciclos combinados tendrían que cubrir prácticamente toda la generación perdida, incrementando las importaciones de gas y situando a España en una posición comparable (o peor) a la de Alemania tras su apagón nuclear.

Pero hay algo aún más grave, la seguridad del suministro. En 2024, sin nuclear, habrían existido 168 horas con riesgo real de apagones, el equivalente a siete días completos. En un pico de demanda registrado el 11 de diciembre de 2024, ni siquiera con todos los ciclos combinados funcionando al máximo habría sido posible cubrir la demanda sin el respaldo nuclear, dejando 1.712 MWh en riesgo de no suministrarse, lo que equivale al consumo horario de 3,5 millones de hogares.

Todo esto sucede mientras el 60 por ciento de los extremeños (voten PSOE o PP) reclaman que Almaraz siga abierta. No por ideología, sino por experiencia. Porque saben que la central no es un obstáculo, sino un pilar económico, social y energético. Y, sin embargo, el Gobierno prefiere agitar el avispero nuclear, convertirlo en un símbolo político, aunque eso suponga ir contra la opinión de los territorios afectados y contra los propios datos.

Incluso en el escenario más optimista del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el cierre nuclear implicaría un aumento estructural del precio de la electricidad de 13 €/MWh, multiplicar por seis las emisiones de CO2 y el consumo de gas natural, y elevar las importaciones de electricidad en un 58%. Es decir, más dependencia, más emisiones y más costes, justo lo contrario de lo que se promete.

La conclusión es incómoda para el Gobierno y para Cristina Narbona, la energía nuclear no es el problema de la transición energética española. Es uno de sus principales amortiguadores. Insistir en su cierre no es una decisión técnica ni climática. Es una decisión ideológica. Y como casi siempre que se gobierna contra los datos y contra la ciudadanía, la factura acaba llegando a los mismos de siempre.