Ley o país sin ley: PP y PSOE deciden

Ahora más que nunca, se hace indispensable un pacto entre Partido Popular y Partido Socialista. Tras la reiterada rebeldía en el Parlament durante este pasado miércoles, los dos grandes partidos de España han de olvidar viejas rencillas e intereses partidistas para trabajar en una misma dirección y con un único objetivo: mantener intacta la maltrecha unidad de España. Elegir, en definitiva, entre ley o país sin ley. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han de ponerse el traje de estadistas para que el chantaje independentista no aproveche el desgobierno instaurado desde hace casi ocho meses en nuestro país. Un contexto de parálisis institucional que los secesionistas están utilizando para darle más notoriedad a un camino fuera de la legalidad. Un atropello constitucional convertido en viaje a ninguna parte que, a pesar de su inviabilidad, los ha llevado, incluso, a desafiar al mismísimo Tribunal Constitucional (TC). Gracias a su mayoría absoluta, Junts pel Sí y la CUP han subido un escalón más en este intolerable chantaje contra el Estado al aprobar este miércoles en sesión plenaria las conclusiones del Proceso Constituyente. Un documento que incluye un referéndum unilateral para consumar la «desconexión con España».

Una votación ilegal que contesta a la advertencia que había lanzando el Constitucional cuando el pasado 2 de diciembre de 2015 anuló ese denominado ‘proceso de desconexión’. Algo que provocará que el Gobierno en funciones vuelva a acudir a dicho Tribunal para presentar un incidente contra la resolución de la cámara presidida por Carme Forcadell. Como ha señalado la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, este nuevo capítulo constituye una «flagrante vulneración de la ley». Algo que podría provocar graves consecuencias y que debería tener en cuenta la propia Forcadell como presidenta del Parlament y segunda autoridad en Cataluña. Este acto antidemocrático no sólo es un ataque al TC, además vulnera y lesiona la Carta Magna. El artículo 155 de la misma recoge que si una comunidad autónoma no cumple con lo estipulado en ella o actúa gravemente contra el interés general de España, el Gobierno podría adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la ley. La mejor respuesta sería un gran pacto entre los partidos constitucionalistas. Ahora, Rajoy y Sánchez deben mover ficha.