Irene Montero, la ministra «linchadora»

Más de una veintena de asociaciones han denunciando ante la Comisión Europea la utilización hecha por la ministra de Igualdad, Irene Montero, del caso Rocío Carrasco y la criminalización del que fuera su marido, Antonio David Flores, al que «linchó» públicamente al presentarlo como un delincuente. En un escrito ante Bruselas, la Asociación Custodia Compartida de Alicante (ACCA) y otra nutrida representación de entidades interponen «denuncia contra España y contra su Ministra de Igualdad, Dª Irene Montero, por violación del art. 4 de la Directiva (UE) 2016/343».  Sustancian su denuncia en el hecho de que Irene Montero afirmó que «el testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género», presentando como culpable de un delito de malos tratos al padre de sus hijos.

Las asociaciones señalan que «no podemos consentir que las autoridades españolas presenten como culpables a hombres que no han sido condenados por los tribunales». La directiva comunitaria es clara cuando se refiere a las «declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas», a quienes se les exige que no menoscaben el derecho a la presunción de inocencia, algo que de manera pública y fehaciente hizo la ministra de Igualdad del Gobierno de España, que aprovechó la entrevista televisiva a Rocío Carrasco para verter gravísimas acusaciones sobre Antonio David Flores. Por ese motivo, las mencionadas asociaciones piden que se inicie procedimiento contra España por «infracción del derecho comunitario».

OKDIARIO ya se pronunció editorialmente en relación con este asunto, criticando las intolerables declaraciones de Irene Montero. Porque una cosa es el indudable éxito periodístico que se ha apuntado Telecinco con la entrevista a la hija de Rocío Jurado y otra, bien distinta, que un miembro del Gobierno de España abandere la campaña de linchamiento contra una persona sobre la que no pesa condena ni reproche penal alguno en relación con los hechos que se le imputan. Eso resulta intolerable en un Estado de Derecho.