El gran robo electoral que se avecina
El término pucherazo se alumbró en la Restauración para nominar una práctica que era habitual en España desde que se instauró el derecho de voto, especialmente en el mundo rural, aunque naturalmente ya era moneda de uso corriente en los pocos países que habían pasado de monarquías absolutas a regímenes democráticos o semidemocráticos. En España los pucherazos se convirtieron en moneda de uso corriente en el mismo momento de la aprobación del «sufragio universal» en la Constitución de Cádiz de 1812. Sufragio universal entre comillas porque durante más de un siglo las mujeres carecieron del más elemental de los derechos en un sistema de libertades. Sólo metían la papeleta los machirulos.
Hecha la ley, se hizo la trampa. Las fórmulas para torcer la voluntad popular se pusieron en práctica ya en las primeras elecciones generales celebradas en España, las constituyentes de 1810. La mente hispánica, genéticamente dotada para la trampa, alumbró diversos modus operandi: desde el método Lázaro en honor a ese Lázaro de Betania de la Biblia que se levantó y anduvo —aquí los muertos se levantaban, votaban y regresaban a la tumba—, hasta la burda compra del sufragio, pasando por el vaciamiento de las urnas para introducir en ellas las siglas deseadas por el cacique de turno o el cumplimiento sin rechistar por parte de los campesinos de las órdenes del señorito para apoyar a tal o cual candidato.
Uno de los personajes más brillantes intelectualmente y a la vez malévolos en términos prácticos de la Restauración fue Álvaro Figueroa, conde de Romanones, que se convirtió en la principal autoridad en materia de atracos electorales. En el turnismo era habitual la alteración de los resultados, más en las elecciones municipales que en las generales, donde los controles eran más exhaustivos. Ésa fue precisamente la excusa que se sacó de la chistera la izquierda en 1931 para desautorizar el dictamen de las municipales y forzar el exilio de Alfonso XIII convirtiendo la desde tiempos inmemoriales monárquica España en una República, la segunda de nuestra historia.
Lo cierto y verdad es que el sufragio a distancia es, por su propia naturaleza oscurantista, más sensible al pucherazo que el presencial
Si bien es cierto que la Segunda República fue, en palabras del gigantesco Stanley G. Payne, la primera democracia española, no lo es menos que no fue precisamente un camino de rosas ni un campeonato de santos o beatos. El magistral libro Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa demuestra vía documentos públicos oficiales que las izquierdas robaron sin cortarse un pelo los comicios del 16 de febrero de 1936 que otorgaron la Jefatura del Gobierno y luego la Presidencia de la República al increíblemente sobrevalorado e injustamente loado Manuel Azaña. Al menos un 10% de los escaños conseguidos por el Frente Popular lo fue por obra y gracia del pucherazo, básicamente mediante la simple alteración de las actas.
Si el veredicto de las elecciones de 2023 que Pedro Sánchez tenía perdidas hasta prácticamente una semana antes, tal y como atestiguaban unánimemente todas las encuestas, fue consecuencia de un pucherazo sólo lo saben el marido de la pentaimputada y Dios, que está en todas partes y naturalmente también en esas sacas electorales de un voto por correo que se disparó exponencialmente por la fecha de la cita con las urnas, 23 de julio, en pleno verano, con media España de vacaciones y la otra media preparando las maletas. Lo cierto y verdad es que el sufragio a distancia es, por su propia naturaleza oscurantista, más sensible al pucherazo que el presencial por la perogrullesca razón de que en todas las mesas electorales de España hay interventores al menos de los dos principales partidos. Colar papeletas del PSOE cuando hay testigos del PP y viceversa es física y metafísicamente imposible.
Pero ojo a los sospechosos datos de las generales de 2023. Optaron por el voto por correo 2.471.000 españoles, millón y medio de personas más que en las generales de noviembre de 2019 y un millón más que en las de abril de ese año en el que nos tocó pasar por las urnas dos veces porque Sánchez y el delincuente de Pablo Iglesias no se ponían de acuerdo. «Si pactase con Podemos no podría dormir por las noches», llegó a asegurar el Pinocho de La Moncloa. La comparación con el uso de esta modalidad de voto en los comicios de 2015 y en la repetición de 2016 es sencillamente escandalosa: en los primeros la emplearon 788.000 personas y en los segundos, 1,3 millones. A más voto por correo, más posibilidades de tongo. Cómo se controla continúa siendo el gran agujero negro de nuestra democracia.
Si yo fuera Feijóo no las tendría todas conmigo teniendo en cuenta el gran pucherazo encubierto que está pergeñando en la sombra Sánchez
Si Sánchez fue Romanones en las generales es imposible certificarlo más allá de toda duda razonable. Sí lo fue en las Primarias socialistas de 2014 y en el Comité Federal de 2016. Pero el repaso de los datos induce cuasiinstantáneamente al mosqueo. Ahí va uno de ellos tremendamente ilustrativo: en la Comunidad de Madrid el PP obtuvo el 47,3% de los votos en las autonómicas del 28 de mayo de 2023, cifra que se desmoronó hasta el 40,5% en las elecciones al Congreso y al Senado del 23 de julio. Sospechoso en el más inocente de los escenarios porque no habían transcurrido ni dos meses. No meras conjeturas sino una realidad incontrovertible resultó la cadena de robos electorales consumada por el PSOE en las municipales de 2023 en diversas localidades de Almería, Melilla, Murcia, Ciudad Real, Sevilla, La Gomera y Tenerife. Un pucherazo puede constituir una casualidad por aquello de que en toda organización cuelga alguna que otra manzana podrida, tantos, evidentemente no.
Que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno es algo en lo que coinciden todos los sondeos excepto los del malversador Tezanos. Pero yo que el de Los Peares no las tendría todas conmigo teniendo en cuenta el gran pucherazo encubierto que está pergeñando en la sombra Romanones Sánchez. La nacionalización de presuntísimos nietos de exiliados en aplicación de ese escandaloso cajón de sastre que representa la Ley de Memoria va viento en popa. Y nacionalización es igual a derecho de voto. Por cierto: a estos nuevos españoles se les asigna por defecto Madrid como circunscripción electoral con el indisimulado objetivo de joder a Ayuso. Lo que no llegará a tiempo para adulterar el resultado es la regularización de 800.000 inmigrantes ilegales anunciada por el Gobierno. No podrán votar en 2027 pero sí en 2031. Si pierden el poder el año que viene, no pasa nada, que ya lo recuperarán dentro de cinco.
A un servidor que es de natural malpensado le da que el Gobierno con estas nacionalizaciones hace más trampas que el Barça con Negreira
Esta gracia se ha otorgado ya a 490.000 supuestísimos descendientes de exiliados que vinieron al mundo en naciones recónditas, principalmente iberoamericanas, a los que no sé qué carajo se les ha perdido en unas generales en España. Si a sus padres les importaba cero lo que ocurría electoralmente por estos pagos, esencialmente porque habían nacido en el extranjero, ya me dirán o me contarán ustedes qué interés pueden tener los hijos de los hijos de los exiliados, muchos de los cuales no han pisado nuestro país en su vida. Eso en el caso de que sean sangre de la sangre de las personas que abandonaron España tras finalizar la Guerra Civil, que es mucho suponer. A un servidor que es de natural malpensado le da que con estas nacionalizaciones están haciendo más trampas que el Barça con Negreira. La pregunta del millón de dólares es inevitable: ¿cómo coño se certifica empíricamente que fulanito o menganito es nieto de exiliado?
Hasta Abundio colegirá que los nietos de exiliados, si realmente ostentan esa condición, votarán masiva por no decir unánimemente por opciones de izquierda, bien el Partido Socialista, bien Sumar o como diantres se acabe llamando finalmente la propuesta de los de Yolanda Díaz o quién sabe si ese Podemos que está en las últimas. Estos 490.000 nuevos votantes suponen ya más que la diferencia total de sufragios que hubo entre Feijóo y Sánchez el 23 de julio de hace tres años: 339.000. Vamos, que al PP y a Vox les van a endosar un pucherazo mucho más sutil que los de antaño porque encima éste será legal. Conviene no olvidar que esta prostitución de un censo electoral al que no va a reconocer ni la madre que lo parió no ha terminado. Sigue su curso. Lo que Sánchez ha perdido con Begoña, David, el latrocinio, las putas, los cocainómanos, las negligencias criminales en la pandemia y en Adamuz, sus tics autocráticos, el apagón y sus pactos con ETA y los golpistas catalanes, lo va a ganar con estas nacionalizaciones. El autócrata acabará dejando como un vulgar principiante a Romanones. Tiempo al tiempo.
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