La Fiscalía debe actuar de oficio ya

La dimisión del concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital Pablo Soto por un supuesto caso de acoso sexual  -después de que su partido le instara a abandonar su cargo- no cierra, ni muchísimo menos,  un asunto que no se acaba con la asunción de responsabilidades políticas -faltaría más-, sino que debería llevar a la Fiscalía a intervenir de inmediato, aún en el caso de que la víctima no presente denuncia.

El acoso sexual es un delito contemplado en nuestro Código Penal, de modo que el Ministerio Público está en la obligación de actuar. No estaría de más que Más Madrid, que ha dado absoluta credibilidad al testimonio de algunos testigos y cuestionado la justificación de Pablo Soto -no recuerda nada, porque estaba bajo los efectos del alcohol-, presente una denuncia en los juzgados. Una cosa es la responsabilidad política y otra, bien distinta, la responsabilidad penal. Las disculpas del concejal dimitido no le eximen en absoluto de ser investigado a fin de determinar si su comportamiento es indiciario de un supuesto delictivo.

«Según me contaron, algo le dije a esa persona, no recuerdo el qué, que tenía tono o significado sexual. Yo sé que soy un boca ancha y a veces he hecho bromas sexuales, pero a mi familia y a mis amigos cercanos. Sin embargo, no recuerdo ese episodio», se justificó el edil. Precisamente por eso, porque la pérdida de memoria no puede ser un eximente, la Fiscalía ya está tardando en tomar cartas en el asunto.

Bien está que Más Madrid haya actuado con diligencia política en virtud de la aplicación de un protocolo en el que lo primordial era preservar el anonimato de la supuesta víctima, pero, para resultar plenamente creíble, no basta con forzar la dimisión de su concejal. No se entiende que si estaba al tanto de los hechos no los haya puesto de inmediato en conocimiento de la justicia. Razón de más para exigir que la Fiscalía intervenga de oficio.