Esto es ridículo, ilegal y una locura

Carles Puigdemont está incapacitado para gobernar, ya sea una región, el gobierno de una república ilegal o su comunidad de vecinos. El presidente de la Generalitat está falto de criterio, sobrepasado por la ambición y, por lo demostrado este jueves, fuera de sus cabales. No es normal que un hombre que se vanagloria de liderar un «proyecto político» tan ambicioso como la creación —golpista— de un nuevo país pueda decir una cosa por la mañana, otra a mediodía y nada por la tarde. Su aparente esquizofrenia política denota, no obstante, muy poca vergüenza institucional y nula decencia. Tras la aparente confusión que se ha adueñado de la jornada en Cataluña, Puigdemont ha consumado un nuevo chantaje al Gobierno. Como condición para convocar elecciones autonómicas y alcanzar una salida para la profunda crisis que vivimos, ha pedido al Ejecutivo que otorgue impunidad a su Govern, a Trapero y a él mismo, además de libertad para los Jordis, encarcelados por sedición en Soto del Real. En definitiva, un cheque en blanco para aquéllos que han puesto el máximo empeño en romper España.

Afortunadamente, el presidente Rajoy no ha cedido al engaño. Ignota para los dirigentes independentistas de Cataluña, Puigdemont debe pensar que en el resto de España tampoco existe la separación de poderes y que los jueces y fiscales se pliegan ante el poder político y se dejan manipular. El Gobierno, obviamente, ni se lo ha planeado. Tanto Rajoy como todo su equipo están decididos a mantener la aplicación del artículo 155 de la Constitución a no ser que Puigdemont acuda al Senado y renuncie explícitamente a la independencia. Algo que lamentablemente no ocurrirá, ya que el president no ha sido llamado por el camino de la responsabilidad, ni siquiera aunque ésta redunde en el beneficio de los catalanes. Él, al igual que sus adláteres, persistirá en su camino hacia el precipicio político, social y económico. Perseverará hasta el último momento en la ruina de Cataluña, que es lo mismo que ahondar en la ruina de España.

Una desgracia que nos llevará a perder el 1,2% del Producto Interior Bruto y dejará en nada la recuperación económica que tantos esfuerzos y tantos años nos había costado conseguir. Puigdemont, con el victimismo como argumento principal, casi único, ha vuelto a decir que toda la culpa es del Gobierno. Sin embargo, todos los catalanes, también sus propios votantes, deben saber que lo único que quiere Puigdemont es salvarse a sí mismo porque es consciente de que el Estado de Derecho será implacable ante su desafío golpista. Por eso ha esperado hasta el final y por eso se ha contradicho hasta en tres ocasiones: primero diciendo que habría elecciones autonómicas, después que se acogería a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), para acabar sin decir nada. Un auténtico trilero de la política al que el Gobierno no debe hacer ninguna concesión. La legalidad vigente debe prevalecer sobre la ilegalidad golpista hasta que la solución a esta crisis sea democrática y constitucional.