Esta broma no le hace gracia a nadie

El argumento secesionista en Cataluña es tan inverosímil que no se lo cree nadie, tan sólo aquéllos que hacen del golpismo su personalísima cortina de humo y pretenden camuflar así, en frontal disputa con el mismísimo Tribunal Constitucional, una nefasta gestión económica. Los últimos en rechazar el disparate instaurado al otro lado del Ebro han sido los independentistas escoceses. Conscientes de la absoluta ilegalidad que constituye el procés, el Scottish National Party (SNP) no está dispuesto a respaldar ese viaje a ninguna parte. Por un lado, porque entrarían en conflicto con España, cuyo veto podría impedir que continuaran en la Unión Europea (UE) al margen de Reino Unido. Por otro, porque también sería ir en contra de la propia UE. El presidente de la Comisión, Jean Claude-Juncker, ya les ha comunicado que tendrían su respaldo si quieren permanecer en la institución al margen de Londres. Los escoceses tienen claro que más allá de Europa no hay nada. Algo que para desgracia de los catalanes pasan por alto sus ínclitos representantes separatistas.

Mientras los catalanes necesitan de la asistencia del Estado para tener los servicios elementales y su deuda adquiere la insostenible calificación de ‘bono basura’, los ideólogos estelados intentan levantar nuevas fronteras y apelar a una rancia visceralidad pseudoromántica más propia del siglo XVIII que de nuestros días. Es la única manera que se les ocurre a Puigdemont, Junqueras y Forcadell de ocultar la quiebra en la que está sumida la —otrora todopoderosa— comunidad autónoma catalana. Los políticos de PDC (antigua CDC), ERC y la CUP tratan de conseguir fuera de España la legitimidad que les niega nuestra Carta Magna. No obstante, cada intento supone un nuevo fracaso. España ha de constituir pronto un Ejecutivo sólido que acabe con esta sinrazón. Mientras tanto, el Gobierno en funciones hace bien en mantenerse firme a través de la ley. Impedir que CDC tenga grupo en el Congreso y abrir una investigación penal contra la propia Carme Forcadell son sólo las primeras acciones para hacer respetar ese documento que articula la salud democrática de nuestro país y que se llama Constitución.