Doble cornada de la Justicia a Pedro Sánchez

La Justicia ha asestado, en un solo día, un doble varapalo al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Es lo que tiene lanzarse a la ocupación de las instituciones del Estado sin ningún recato. Por un lado, y por primera vez en la historia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha declarado no idóneo el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.

Tiene su lógica después de que el Tribunal Supremo le acusara ni más ni menos que de desviación de poder por el nombramiento como fiscal de Sala -el más alto dentro del Ministerio Público- de su antecesora en el cargo y ex ministra de Justicia Dolores Delgado. Parece evidente que alguien que se ha desviado del cumplimiento de la ley no puede dirigir una institución que está sujeta al principio de legalidad y que debe velar por el respeto a las leyes y normas de nuestro ordenamiento jurídico.

El problema de fondo es que Pedro Sánchez no se rige por el respeto a la ley, sino que somete las leyes a su particular interés. Aquello de «¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso» que dijo en su día adquiere toda su dimensión en la figura de un fiscal general que actúa de mandado del presidente.

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha anulado -ahí es nada- el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al considerar que la ex ministra no es una «jurista de reconocido prestigio» como requiere el cargo.

Y es que resulta palmario que para dirigir el órgano constitucional se necesita algo más que ser licenciada en Derecho. A Pedro Sánchez, la excelencia y el mérito le importan una higa, de modo que en esta ocasión quien incurrió en desviación de poder fue el mismísimo presidente del Gobierno que la designó para el puesto cuando era notorio que Valerio no cumplía los requisitos para presidir el Consejo de Estado. El doble varapalo judicial trae causa del flagrante empeño de Sánchez en ocupar las instituciones del Estado al margen de la ley.