El desprestigio institucional

Si el CIS preguntara (por cierto, habría que preguntarse por qué es necesario un organismo público de prospección sociológica) por la opinión de los ciudadanos españoles sobre la credibilidad de las instituciones, el resultado sería espantoso. Si empezamos por el Consejo de Ministros, reto a cualquiera a que, salvo el más que cuestionado Marlaska, o alguna vicepresidenta, encuentre a ver quien es el guapo que da dos nombres de ministro y sus carteras correspondientes, y acertando. Por no hablar de las razones de la pertinencia de su cargo, el curriculum de idoneidad y el propio sentido de muchos departamentos del Gobierno más inflado de la democracia.

De sus señorías en ambas Cámaras, dado nuestro bendito sistema electoral que favorece la dictadura de los partidos, y la falta de cercanía de los distritos electorales, más de lo mismo. Tal vez sea conocida la presidenta del Congreso, y por el follón permanente de la fantasmagórica Ley de Amnistía, o de sus asimetrías en la disciplina parlamentaria según el color de la bancada. Las comisiones parlamentarias hoy son tan alejadas para la gente de la calle, que muchos no conocen su existencia, salvo cuando los pobres e injustamente maltratados enfermos de ELA tienen que ir a pintarles la cara de la indolencia de muchos que la forman.

De lo relativo al Poder Judicial, maltratado como nunca en la historia, sometido a puyazos diarios desde la tribuna de oradores, o de muchos medios de comunicación, junto a sonoros silencios de los responsables administrativos, qué más se puede añadir. La Fiscalía en la picota permanente, cuestionado el nombramiento del Fiscal General, sin un estatuto claro que garantice criterios profesionales y de parcialidad. Y la triste historia de un Consejo General del Poder Judicial, prorrogado sine die, sin capacidad legal para nombrar las vertiginosas vacantes en la alta magistratura, y al final solamente objeto de deseo para llenarlo de zapadores de unos y otros. Tampoco es cuestión de perder mucho tiempo aludiendo al Tribunal Constitucional por razones obvias.

Por su parte el Consejo de Estado, ese prestigioso órgano consultivos, tiene una presidencia que parece radioactiva últimamente: o por que se nombra a quien no se puede legalmente hacerlo, o por que se designa a quien no tiene mucha gana de ir al mismo. Vaya paisaje que podría extenderse al resto de nuestro entramado de organismos públicos.

Si el CIS preguntara, cosa que no va a hacer, si hay algún o algunos responsables de esta degradación institucional, que es como decir la muerte por aluminosis de la democracia y del Estado de derecho, verdadera joya de la corona de la libertad y la igualdad, las respuestas irían, como la alegría, siempre por barrios. Aunque hay barrios donde se celebran más fiestas.