¿Le daría usted un permiso de trabajo a un terrorista?

Hay un problema, no menor, que está pasando desapercibido en la opinión pública, pero que es indiciario del caos que está provocando la regularización masiva de inmigrantes decretada por el Gobierno. Y es que el decreto del Ministerio de Inclusión exige a los inmigrantes carecer de antecedentes penales, pero abre la puerta a la regularización de aquellos con antecedentes policiales, aunque estén en prisión preventiva a la espera de juicio.

OKDIARIO ha podido saber que presos no juzgados que se encuentran en la cárcel por delitos graves, como yihadismo o narcotráfico, ya se han interesado por la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno. Según ha podido saber OKDIARIO, varios internos extranjeros han solicitado información sobre cómo acceder al proceso.  Y es que la norma es un disparate que contiene un agujero negro descomunal: que internos «a la espera de juicio en causas con delitos como violación, abusos sexuales, violencia de género, narcotraficantes, delincuencia organizada e incluso yihadistas» pueden beneficiarse del proceso, situación que afecta a unos 3.600 presos preventivos.

La regularización de personas con antecedentes policiales corre a cargo de la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de modo que la Policía no tiene voz en el proceso. Es el personal de esta unidad ministerial el encargado de recabar el informe policial, así como de la consulta al Registro Central de Penados y las bases de datos de la Unión Europea. Estos informes tienen que ser emitidos en apenas quince días.

Pero es que la norma parece desconfiar de la opinión de la Policía: «La existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización». Según ha podido saber este periódico, varios reclusos acusados de delitos graves se han mostrado interesados en el procedimiento. Entre ellos, figuran presos marroquíes radicalizados y encarcelados, a la espera de juicio, por difundir propaganda yihadista en las redes sociales o bolivianos acusados de narcotráfico, cuya condena puede llegar a los doce años de cárcel. ¿Imaginan que se hubiera permitido a Mohamed Atta, el terrorista suicida de las Torres Gemelas, trabajar en Estados Unidos?