Cuando repartirse el botín es más importante que invertir en seguridad

Para buscar las razones por las que todo lo que podía fallar, fallara en el accidente mortal de la localidad toledana de Urda, la información que hoy publica OKDIARIO aporta mucha más luz que todas las explicaciones del ministro Óscar Puente, que, por cierto, son idénticas a las que siguieron al mortal accidente de Adamuz: parapetarse tras un alud de cifras y datos tuneados a conveniencia.

Pues bien, días después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multara con 127,3 millones de euros a un grupo de empresas por pactar contratos —repartirse el botín, para entendernos—, entre las que se encontraba Thales, dicha compañía se hizo con el proyecto de las obras de renovación de las instalaciones de señalización de la Línea Madrid-Sevilla por 93.832.737 de euros. Para entendernos, la seguridad del tramo recayó en una compañía sancionada, junto a otras, por chanchullos en el reparto de las licitaciones.

La CNMC también multó a sus directivos con 483.000 euros por su participación en un cártel para repartirse de forma fraudulenta al menos 82 licitaciones del Ministerio de Transportes y de Adif, entre los años 2002 y 2017. O sea, el Gobierno premió a una sociedad que acababa de ser multada días antes por irregularidades en la contratación. Y es que amañar contratos se conoce que puntúa al alza. El cártel tenía como objetivo no competir y repartirse las licitaciones mediante la constitución de una Unión Temporal de Empresas, UTE, según la mismísima CNMC.

Es difícil que los mortales accidentes de Adamuz y Urda puedan sustraerse a los tejemanejes y casos de corrupción que tenían su epicentro en el Ministerio de Transportes. Y no es que haya una relación causa-efecto, sino que el dinero público que tendría que haber ido destinado a mejorar las infraestructuras y seguridad de la red ferroviaria se fue a otro tipo de redes. Esas que se repartieron el botín. Luego pasa lo que pasa.