¿Censura?: Moncloa decidirá qué noticias son verdaderas o falsas

Pedro Sánchez no sólo se presenta ante la ciudadanía como el adalid de la igualdad, el feminismo o los derechos sociales. Esto no es suficiente para colmar la insaciable sed narcisista del presidente del Gobierno. Por ello, para intentar pasar definitivamente a formar parte de los anales de la historia de España, el jefe del Ejecutivo ha creado una unidad con personal de diferentes ministerios, entre ellos Interior y Defensa, para identificar y denunciar ‘fake news’ ante la Unión Europea. Los socialistas, según ha desvelado OKDIARIO, han urdido un plan de acción contra la desinformación porque, aducen, tiene un impacto directo sobre los procesos electorales tanto a nivel europeo como nacional. El proyecto de Sánchez –conocido formalmente como Comisión Permanente contra la Desinformación– para controlar la información es, por varias razones, un absoluto desafío a la democracia y un ataque contra las libertades individuales.

Primero porque choca frontalmente con los derechos recogidos en el Artículo 20 de la Constitución española como “expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra o cualquier otro medio de reproducción” o “comunicar y recibir libremente información veraz de cualquier medio de difusión”. Segundo porque, tal y como señala la Carta Magna en el mismo apartado, una grabación, publicación y otros medios de información sólo podrían ser frenados en virtud de una resolución judicial. Y tercero, y no por ello menos baladí, porque la única competencia que tiene el Gobierno en materia de información se refiere a la regulación de los medios de comunicación dependientes del Estado, es decir, RTVE, “respetando el pluralismo de la sociedad”. Un aspecto que, dicho sea de paso, apenas ha respetado en estos meses de legislatura, tal y como atestiguan acciones como el uso de vídeos virales para atacar a sus oponentes políticos. Recuérdese la grabación que se emitió en los informativos de TVE de un joven doctorado de EEUU que tildaba a Pablo Casado de “mequetrefe” y por la que más tarde tuvo que pedir disculpas.

Dicho lo cual, ¿qué autoridad tiene Sánchez para juzgar tan arbitrariamente qué es o qué no es una ‘fake news’? Y no sólo eso, además, ¿qué metodología se usará para constatar de manera objetiva, por supuesto, si una información carece o no de veracidad? Se trata de una idea que, además de ser insensata, esconde una acción censora más propia de los regímenes dictatoriales que de un sistema democrático como el nuestro. Este plan de acción del PSOE requeriría de un mecanismo de supervisión que garantizara una plena objetividad a la hora de valorar las informaciones. No es honesto pretender ser juez y parte porque, independientemente de cómo se plantee el proceso de análisis, se trata de una comisión desprovista de neutralidad.