Plomo en la caza

Uno de cada cuatro cazadores dejaría la actividad si prospera el veto europeo al plomo

Los cazadores exigen al Gobierno que frene la prohibición del plomo sin alternativas viables

El sector de la caza alerta de que el veto al plomo amenaza su futuro en toda España

La RFEC critica al MITECO por no atender las aportaciones técnicas del sector cinegético

La desconocida historia de cómo los cazadores españoles ayudaron a salvar al lince de la extinción

  • Antonio Quilis
  • Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha exigido al Gobierno central que se oponga a la prohibición de la munición de plomo en la caza y defienda ante las instituciones europeas una posición basada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos.

El sector cinegético reclama que esa posición evite poner en riesgo el futuro de la caza en España. La próxima semana, el Parlamento Europeo y los Estados miembros abordarán la propuesta impulsada en el marco del Reglamento REACH para limitar el uso del plomo en la actividad cinegética.

Sin recambio seguro

Ante esa cita, los cazadores españoles denuncian que el proceso avanza sin que se hayan presentado estudios técnicos concluyentes que acrediten que las alternativas disponibles ofrecen una reducción efectiva del riesgo toxicológico.

Esas mismas alternativas, advierten, tampoco garantizan todavía la seguridad del cazador y de sus auxiliares de caza frente a posibles rebotes, ni aseguran la eficacia de la munición o el bienestar animal durante los lances.

El sector recuerda que al debate de la próxima semana se llega sin que Europa haya concretado una alternativa que permita mantener la práctica de la caza desde el punto de vista económico, social y técnico.

Un cuarto en el aire

En este sentido, la federación insiste en que algunos de los materiales planteados como sustitutos no son compatibles con todas las armas existentes, un problema que el sector ya trasladó cuando Bruselas amplió a cinco años el plazo de transición.

La RFEC advierte que una transición acelerada, sin los pertinentes estudios científicos, generaría un importante impacto negativo para cazadores, fabricantes, armerías y otros sectores vinculados a la actividad.

No en vano, un estudio de la Federación Europea de Tiro Deportivo (ESSF), basado en más de 18.000 encuestas, señala que un 25% de los cazadores podría abandonar la actividad y un 30% reducir su práctica ante una prohibición generalizada del plomo.

El papel de la caza

El objetivo, según el sector, debe ser compatibilizar la protección del medioambiente con la realidad de una actividad que contribuye a la conservación de los ecosistemas y al control de poblaciones de determinadas especies.

Así lo defiende Josep Escandell, presidente de la RFEC, que vincula la caza a la prevención de problemas como los daños agrícolas o la expansión de enfermedades como la Peste Porcina Africana entre la fauna silvestre.

El sector cinegético nacional también critica la posición mantenida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) durante la tramitación europea del expediente sobre el plomo.

Diálogo y plazos

A su juicio, el ministerio no ha atendido suficientemente las aportaciones técnicas de los cazadores españoles ni ha abierto un proceso de diálogo orientado a una transición ordenada y realista.

Para la Real Federación Española de Caza, cualquier cambio normativo debe contar con la participación de cazadores, industria armera, expertos técnicos y administraciones públicas antes de su aprobación.

La federación reclama, además, medidas que, en todo caso, permitan una adaptación progresiva y una evaluación real de las alternativas disponibles en el mercado, sin imponer al cazador un coste que la actividad no pueda asumir.

Los cazadores reclaman al Gobierno de España que defienda una posición responsable y que no apoye restricciones que comprometan el futuro de la actividad sin que existan previamente soluciones técnicamente contrastadas, seguras y viables.