Madrid exige al Gobierno auditar las macroplantas fotovoltaicas ante las sospechas de corrupción

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 23/03/2026 12:28
  • Actualizado: 23/03/2026 12:28

La Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno central una auditoría independiente sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental concedidas a proyectos de macroplantas fotovoltaicas en la región, ante las graves sospechas de prácticas corruptas en su tramitación.

Así lo ha trasladado el consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En ella, Novillo expresa la «creciente preocupación» del Ejecutivo autonómico ante las irregularidades detectadas en la concesión de estas autorizaciones ambientales, cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado. El objetivo es verificar que las 53 declaraciones de impacto aprobadas en la Comunidad de Madrid —que afectan a 10.490 hectáreas— se han tramitado con el rigor técnico exigible.

Orden invertido

El escrito denuncia que, en la tramitación de estos proyectos, se habría alterado el orden lógico del procedimiento: las Declaraciones de Impacto Ambiental se emitieron con anterioridad a la planificación estratégica del territorio. Para el consejero, «resulta imprescindible corregir este modelo para evitar una ocupación desordenada del suelo».

El Ejecutivo madrileño reclama también la realización urgente de un análisis acumulativo de carácter territorial que permita evaluar el impacto conjunto de las macroplantas fotovoltaicas sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo y las infraestructuras. La Comunidad de Madrid argumenta que el despliegue de las energías renovables debe ser compatible con la protección del medioambiente y de sectores estratégicos como la agricultura.

Olivar y viñedo en riesgo

Entre las principales preocupaciones del Gobierno regional figura el impacto sobre suelos de alto valor productivo, especialmente el olivar y el viñedo, cuya conservación resulta clave desde el punto de vista económico, ambiental y cultural.

Algunas de las declaraciones ya concedidas podrían presentar deficiencias relevantes en su tramitación, lo que comprometería tanto la protección del entorno como la seguridad jurídica de las inversiones.

La carta subraya que el despliegue de las macroplantas fotovoltaicas debe realizarse «con criterios de equilibrio, rigor y adecuada ordenación del territorio». La Comunidad de Madrid reafirma su compromiso con la transición energética, pero advierte de que ésta no puede producirse a costa del paisaje, los suelos agrarios ni los espacios de valor cultural.

Mayor poder autonómico

Entre las medidas propuestas, el Ejecutivo regional reclama que las comunidades autónomas dispongan de un informe territorial vinculante en los proyectos cuya evaluación ambiental corresponde al Estado. La petición afecta especialmente a la protección del suelo agrario y a la compatibilidad urbanística de estas infraestructuras.

Novillo propone además revisar el marco competencial vigente para que las autonomías puedan asumir la autorización y evaluación ambiental de todas las macroplantas fotovoltaicas, incluidas las de más de 50 megavatios. Estas instalaciones, que superan las 100 hectáreas, son las que mayor impacto territorial, medioambiental y paisajístico generan en regiones de pequeña extensión como la Comunidad de Madrid.

El límite del 4%

Para ordenar el despliegue de estas infraestructuras en su territorio, la Consejería de Medioambiente, Agricultura e Interior ha activado un Plan de Protección del Paisaje que delimita los espacios disponibles para instalar plantas fotovoltaicas. El plan limita estas instalaciones al 4% de la superficie autonómica —alrededor de 320 kilómetros cuadrados— con el fin de salvaguardar la agricultura y el entorno natural de los municipios.

El mapa de zonificación regional identifica los lugares adecuados para situar estas infraestructuras de energía limpia de forma compatible con el entorno medioambiental, social y económico. También señala los espacios excluidos por su impacto en el paisaje, los recursos agrícolas o los espacios de valor cultural, entre otros criterios.

Cubiertas y tejados

La prioridad de la Comunidad de Madrid, ante escenario de instalación de macroplantas fotovoltaicas en la región, es aprovechar infraestructuras existentes para la instalación de paneles solares: cubiertas de edificios y zonas de baja productividad agrícola y ambiental.

Este enfoque ha permitido pasar de 370 instalaciones en tejados en 2018 a más de 100.000 en 2025, un resultado que el Gobierno regional considera modélico frente al modelo de macroplantas fotovoltaicas en suelo rústico impulsado desde el Estado.

Este modelo de aprovechamiento de infraestructuras existentes es, para el Ejecutivo madrileño, la vía adecuada para avanzar en la transición energética sin sacrificar suelo agrícola ni comprometer el paisaje de los municipios de la Comunidad de Madrid.