La primera Ley de Caza madrileña permitirá gestionar especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 20/06/2026 05:30
  • Actualizado: 20/06/2026 05:30

La Comunidad de Madrid cuenta desde hoy con su primera Ley de Caza y Pesca, aprobada por la Asamblea regional. La norma reconoce el valor ecosistémico de ambas actividades y busca garantizar el equilibrio medioambiental y la gestión de la biodiversidad.

Se trata de la primera norma regional que aborda de manera conjunta estas dos prácticas tradicionales, hasta ahora reguladas por disposiciones más antiguas y dispersas que generaban incertidumbre entre los profesionales y los aficionados del sector.

La nueva legislación integra en un único marco legal los aspectos esenciales de la caza y la pesca, dos prácticas que desempeñan un papel destacado como motores del desarrollo rural y en la lucha contra la despoblación. Además, aumenta la seguridad jurídica del sector.

La norma favorece tanto a los profesionales de la agricultura y la ganadería como a los aficionados a la caza y la pesca, o a quienes disfrutan del deporte y del ocio en los entornos naturales de la región.

Control de especies sobreabundantes

Entre las principales novedades, la ley introduce medidas para mejorar la gestión de la fauna. Destaca la creación de los Planes de Control Poblacional, una herramienta dirigida especialmente a los ayuntamientos.

Estos planes permitirán gestionar especies sobreabundantes, como el jabalí o el conejo, fuera de los periodos ordinarios de captura. El objetivo es prevenir los daños que estos animales causan en los campos y los cultivos.

En materia de pesca, la norma simplifica la regulación de las aguas, que quedarán reducidas a tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas, frente a la dispersión normativa anterior.

La ley también pone mayor atención en ejemplares emblemáticos de los ecosistemas fluviales, como la trucha. Asimismo, presta atención a otras especies de interés para los pescadores en embalses y tramos bajos de los ríos, como la carpa o el lucio.

Datos del sector cinegético y piscícola

Actualmente, el 71% de la superficie madrileña, 572.254 hectáreas, está considerada terreno cinegético. En la región hay 45.044 licencias de caza en vigor, una cifra que refleja el peso de esta actividad.

En cuanto a la pesca, la Comunidad de Madrid cuenta con 46.414 permisos activos. Existen, además, 34 tramos regulados que suman 347 kilómetros, gestionados parcialmente en colaboración con entidades locales.

La normativa también apuesta por la modernización del sector mediante la implantación de licencias digitales y procedimientos administrativos electrónicos. El objetivo es simplificar trámites y reforzar el seguimiento de la actividad.

Más distancia de seguridad y multas más altas

La ley también actualiza el régimen sancionador. Las infracciones leves se castigarán con multas de entre 200 y 1.000 euros, mientras que las graves oscilarán entre 1.000 y 10.000 euros.

Las infracciones consideradas muy graves podrán alcanzar sanciones de entre 10.000 y 80.000 euros, según recoge el nuevo texto legal aprobado por la Asamblea de Madrid.

En materia de seguridad, la norma amplía la distancia mínima en la práctica cinegética respecto a los núcleos de población, que pasa de 100 a 150 metros, y mantiene el resto de las limitaciones vigentes.

Por primera vez, además, se fija un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza, independientemente de la modalidad. La caza menor podrá autorizarse desde 50 hectáreas con justificación técnica.

El proceso de elaboración de esta ley ha incluido una amplia participación de la sociedad civil y los sectores involucrados, además de diálogo con todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

Las distintas fuerzas políticas han podido aportar su visión a lo largo de siete comparecencias de expertos celebradas en comisión antes de la votación final de la norma, que entrará en vigor tras su publicación oficial en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.