Apuesta por la restauración de la naturaleza: España se propone plantar 3,5 millones de árboles

España plantará un total de 3,5 millones de árboles para contribuir al objetivo europeo de sembrar al menos 3.000 millones de ejemplares adicionales para 2030. Esta es una de las medidas incluidas en el proyecto de Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza que el Gobierno envió recientemente a la Comisión Europea.

En dicho proyecto se plasma la contribución española al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Reglamento europeo de Restauración de la Naturaleza, que establece por primera vez objetivos jurídicamente vinculantes para los Estados miembros  con el fin de recuperar ecosistemas degradados y mejorar su estado de conservación.

Entre las iniciativas previstas se encuentran las dirigidas a mejorar los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario (THIC), uno de los principales ámbitos de aplicación del reglamento. En el caso de España, nuestro país propone restaurar una superficie de 9.475 kilómetros cuadrados de THIC y recuperar el hábitat de cerca de 200 especies de interés comunitario.

Espacios verdes

También se pondrán en marcha medidas municipales sobre más de 200 kilómetros cuadrados antes de 2030 para evitar la pérdida neta de espacios verdes y cobertura arbórea, así como actuaciones estratégicas sobre más de 10.000 km² antes de 2050 para incrementarlos.

En relación con los ecosistemas marinos, el proyecto español prevé actuaciones sobre una superficie de 288 kilómetros cuadrados antes de 2030 y de otros 12,3 para el restablecimiento del hábitat de fanerógamas marinas.

El plan contempla igualmente la recuperación de 65 kilómetros de ríos de flujo libre y de más de 120 km² de llanuras aluviales antes de 2030 para restaurar la conectividad de estos ecosistemas. Además, incluye actuaciones sobre 576 km² antes de 2030 y sobre un mínimo de 1.079 km² antes de 2050 para favorecer la recuperación de las poblaciones de polinizadores.

Sistemas agrarios

Asimismo se prevén medidas sobre 1.982 km² hasta 2030 y en torno a los 2.363 km² para la década de 2040 y 2050 destinadas a mejorar la biodiversidad de los sistemas agrarios a través de prácticas agrícolas sostenibles, la conservación de elementos del paisaje y el mantenimiento de sistemas agrarios de alto valor natural.

En lo que se refiere a los ecosistemas forestales, el plan recoge actuaciones sobre 3.241 km² antes de 2030 y sobre 3.242 km² hasta 2050, dirigidas a mejorar su biodiversidad, su estructura y su naturalidad y a reforzar su resiliencia frente al cambio climático y los incendios forestales.

Coordinación y consulta

El proyecto ha requerido un extenso trabajo de coordinación entre las distintas administraciones competentes, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Además, ha contado con un «amplio proceso de participación pública», en el que se han recabado las aportaciones de ciudadanos, organizaciones, entidades científicas y sectores económicos, incluyendo cuatro rondas de reuniones con cerca de 500 entidades, asegura la misma fuente.

De forma adicional, el texto también ha sido sometido a una consulta ciudadana, que recibió 26.543 aportaciones entre el 21 de enero y el 31 de marzo.

Críticas

El Plan Nacional de Restauración ya ha recibido sus primeras críticas por parte de los colectivos ambientales. En concreto, Ecologistas en Acción y Fridays For Future-Juventud por el Clima emitieron recientemente un comunicado conjunto en el que exigieron al Gobierno que haga público «de inmediato» el contenido del texto.

Ambos grupos critican que el Ejecutivo ha remitido a la Comisión Europea el proyecto de Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, pero «la sociedad sigue sin poder conocer su contenido».

Sin acceso a información

Según han explicado, «frente a la «amplia participación pública» que reivindica el Ministerio», ha habido «repetidas reuniones sin acceso a la información técnica necesaria para poder realizar aportaciones de fondo y sin capacidad real de incidir en el contenido del Plan».

«Tampoco queda claro de qué manera se han incorporado lo recogido en la consulta ciudadana y si se han tenido en cuenta los espacios a restaurar prioritarios para la ciudadanía», sostienen Ecologistas en Acción y Fridays For Future.

Preocupante falta de ambición

A juicio de ambas organizaciones, los «pocos» datos que el Ministerio ha hecho públicos apuntan a «una preocupante falta de ambición». Por ejemplo, indican que en el ámbito marino, el plan anuncia actuaciones sobre 288 kilómetros cuadrados antes de 2030, «menos de un 1% de la superficie marina estatal».

«Esta cifra es difícilmente compatible con la magnitud del reto de restauración de los ecosistemas marinos, que establece la restauración de un 30% de los hábitats marinos para 2030», han remarcado.

Importantes lagunas

Respecto a los ríos, las organizaciones señalan que el Gobierno plantea recuperar 65 kilómetros de cursos de agua de flujo libre —es decir, que no han sido alterados sustancialmente por la actividad humana— antes de 2030.

Dicha cifra representa, aseguran, «apenas un 2,2% de los 3.000 kilómetros que establece como objetivo su propia Estrategia Nacional de Restauración de Ríos para ese mismo año y un 0,2% de los 25.000 kilómetros de ríos de flujo libre que el reglamento europeo fija como referencia para el conjunto de la UE».

«España ha pasado de ser uno de los Estados miembros que han defendido con mayor firmeza el Reglamento europeo de Restauración de la Naturaleza a presentar ahora un proyecto que, a tenor de los datos publicados, parte de una ambición muy limitada y mantiene importantes lagunas de conocimiento y transparencia», aseguran los firmantes del comunicado.

Siguiente fase

Tras la remisión del proyecto a Europa, se inicia la siguiente fase del procedimiento. En ella, la Comisión Europea analizará el documento presentado por España y podrá formular observaciones sobre su contenido.

Este proceso permitirá avanzar hacia la aprobación de la versión final del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, que deberá constituir el marco de referencia para la aplicación en España de las obligaciones y objetivos establecidos por la normativa europea, y que deberá ser remitido a la Comisión Europea antes del 1 de septiembre de 2027.