Prisión sin fianza para miles de conductores: el Gobierno quiere endurecer la ley con penas de cárcel para los que superen la velocidad permitida

Se acabó el margen de confianza para los conductores españoles. El PSOE ha registrado en el Congreso una propuesta para reformar el Código Penal y endurecer drásticamente los umbrales que convierten una multa de tráfico en un delito de cárcel.

Con esta medida, miles de ciudadanos que antes se enfrentaban a una sanción administrativa podrían terminar ahora ante un juez y con una posible orden de prisión sin fianza, dependiendo de la gravedad y los antecedentes, al rebajarse los límites de velocidad permitidos para ser considerado un «delincuente vial».

Un recorte de 10 km/h que cambia las reglas del juego

La clave de esta ofensiva legal reside en el artículo 379 del Código Penal. Hasta la fecha, para que un exceso de velocidad fuera considerado delito, el conductor debía superar en 60 km/h el límite en vías urbanas (ciudad) y en 80 km/h en vías interurbanas (carretera).

Sin embargo, el plan del Ejecutivo es recortar esos márgenes en 10 km/h. Esto significa que:

• En ciudad: si circulas a 50 km/h por encima del límite, ya no supondrá sólo una multa; serás procesado penalmente.
• En carretera: bastará con superar el límite en 70 km/h para enfrentarte a una condena de cárcel.

Con esta reducción, el Gobierno mete presión a los 3,5 millones de conductores que son multados cada año en España, buscando que el miedo a los tribunales frene el pie en el acelerador.

Penas de cárcel y retirada del carné

Aunque los umbrales para cometer el delito bajan, las penas se mantienen con toda su dureza. Aquellos conductores que caigan en esta nueva red legal se enfrentan a castigos que no dejan lugar a dudas: penas de prisión de 3 a 6 meses, multas económicas de hasta un año o trabajos en beneficio de la comunidad.

Además, la reforma contempla la retirada del carné de conducir por un período de entre 1 y 4 años, lo que para muchos profesionales supondría la pérdida directa de su medio de vida.

Desde el PSOE justifican este endurecimiento asegurando que la ley actual, con dos décadas de antigüedad, se ha quedado «obsoleta» y que un ligero aumento de la velocidad dispara las probabilidades de accidentes mortales.