Vox pide que el Gobierno localice en Madrid y Valencia a los inmigrantes trasladados de Canarias

Vox ha remitido esta semana un requerimiento a los delegados del Gobierno en Madrid y en Valencia, José Manuel Franco y Gloria Isabel Calero respectivamente, sobre los traslados de inmigrantes desde las Islas Canarias a la Península desde el pasado 11 de noviembre «durante la noche y sin pasar los procesos sanitarios obligados».

En su escrito, la Vicesecretaría Jurídica del partido de Santiago Abascal, que dirige Marta Castro, solicita a estos altos cargos del Ejecutivo que se inicien las acciones pertinentes para localizar a dichos inmigrantes, con la meta de informar a las Administraciones de su situación actual, «e individualizar los protocolos que se pudieran derivar una vez realizadas las pruebas del Covid-19, ante la situación de descontrol de la localización y del estado sanitario de los inmigrantes».

Además, Vox pide también a los delegados del Gobierno que den cumplida cuenta a todas las administraciones autonómicas y municipales de los traslados de inmigrantes a las distintas localidades españolas, tal y como les obliga el artículo 11.1 de la Ley de Seguridad Nacional y 6 de Ley de protección de Seguridad Ciudadana.

Vox también solicita que se informe sobre los certificados que acrediten que se ha cumplido con la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de la Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de acceso a nuestro país, por el que es obligatoria la prueba del coronavirus para poder entrar en España.

Por último, los servicios jurídicos de Vox solicitan al Ejecutivo que informe de los protocolos que se han llevado a cabo para ejecutar estos traslados de inmigrantes, «entre los que determinen la decisión de las localidades elegidas, si se ha tenido en cuenta las circunstancias de las mismas -respecto a la situación del coronavirus-, y sus características para gestionar una entrada masiva de personas sin residencia».

Registro de cooperantes

Sobre la crisis de inmigrantes, Vox también ha hecho otro movimiento esta semana. El grupo parlamentario de Santiago Abascal ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para pedir al Gobierno que ponga en marcha un registro obligatorio para los cooperantes y voluntarios de la cooperación española. El plan es que esa base de datos lleve aparejado un carnet que los acredite como cooperantes y que, para conseguirlo, se necesario que estos profesionales prometan o juren lealtad a la Corona y guardar o hacer guardar la Constitución.

Así mismo, Vox impulsa que en dicho registro consten de manera actualizada los lugares de actuación y el tiempo de permanencia de los cooperantes, para «tener una localización clara y precisa». También que, a través de ese registro, las «entidades competentes» tengan acceso al certificado de delitos de naturaleza sexual y penales.

Esta tarjeta, por su parte, sería «imprescindible» para poder ejercer labores de cooperación y voluntariado en el extranjero y podría ser «retirado ante cualquier infracción de las leyes españolas y del país donde se realice la labor de cooperación». La propuesta también busca que cualquier ONG que no trabaje en el extranjero y no tenga a todos sus trabajadores y voluntarios registrados y con su localización actualizada sea sancionada y no pueda ser receptora de fondos.

El texto, destinado a debatirse y votarse en la Comisión de Cooperación al Desarrollo, se apoya en que el Estatuto del Cooperante señala que estos trabajadores deben inscribirse en el Consulado correspondiente y presentarse ante la Oficina Técnica de Cooperación pero que, en la práctica, muchos no lo hacen.

Los parlamentarios de la formación conservadora se basan en una respuesta del propio Ejecutivo del pasado verano, en relación de las repatriaciones de ciudadanos españoles con motivo de la pandemia. El Gobierno central contabilizaba unos 2.700 los cooperantes españoles en el exterior, pero señalaba que era una estimación porque no existe un registro específico.

Además, aluden al escándalo de abusos sexuales por parte de personal de Oxfam en Haití de 2018 y a como entonces se planteó la idea de un registro que permita tener acceso rápido a los datos de los cooperantes y a información de carácter penal para evitar la contratación de personal con estos antecedentes. Con este registro, argumenta Vox, España se situaría «a la vanguardia en cuanto a preocupación por la seguridad» en la Cooperación internacional.

Medida contra el aborto

Otra decisión del partido en la Cámara baja esta semana es una PNL para instar al Gobierno a promover las modificaciones legales oportunas con el fin de considerar al no nacido miembro de la unidad familiar para el cómputo en las solicitudes de plaza escolar. En el texto, consultado por Europa Press, VOX señala que «cabe concluir que se debe considerar al nasciturus como nacido y, en consecuencia, como miembro de la unidad familiar».

«Abusos» de Sánchez

Por otra parte, Vox avisa de que el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez está batiendo récords en la utilización «fraudulenta» de la figura del decreto ley y pretende que el Congreso ponga coto al abuso de lo que califica como una «pésima y antidemocrática técnica legislativa» que contribuye, desde su punto de vista, a «vaciar de competencias» al Poder Legislativo.

Ante esta situación, los de Santiago Abascal han registrado una PNL para que la Cámara inste al Gobierno socialcomunista a desistir de ese «uso abusivo» del decreto ley y a devolverle su función originaria, es decir, que recurra a él únicamente «en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad», como fija la Carta Magna.