Varapalo del TSJM a Manuela Carmena por ocultar su patrimonio financiero mientras fue alcaldesa
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha asestado un importante varapalo judicial a Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid, por ocultar su patrimonio financiero durante sus cuatro años de mandato al frente de la capital de España.
En una sentencia que avanza OKDIARIO, fechada a 30 de junio, este tribunal ordena al Ayuntamiento que Carmena desvele sus inversiones ocultas en sociedades mercantiles. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSKM desestima el recurso de apelación que había presentado el Consistorio madrileño y le condena en costas por 2.000 euros.
La sucesión de los hechos es la siguiente. El abogado experto en Sicavs Guillermo Rocafort recurrió judicialmente en 2016 la respuesta que recibió del Ayuntamiento con la que Carmena ocultaba dónde tenía invertidos los 430.000 euros que declaraba en el Portal de Transparencia.
En noviembre de 2018, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid estimó el recurso de este abogado. No obstante, la Corporación, dominada por Ahora Madrid, recurrió el fallo judicial. Finalmente, ahora, el 30 de junio de 2020 seis magistrados del TSJM han ratificado la sentencia de primera instancia a favor de Rocafort y en contra de Carmena.
Esta sentencia del Tribunal Superior madrileño delimita que todos los representantes locales «formularán declaración sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos». «Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades (…), según establece el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y esa información debería constar en poder del Consistorio», expone dicha resolución judicial.
«La resolución es demoledora para los intereses del Ayuntamiento de Madrid, que ha sido además condenada en costas de hasta 2.000 euros, en atención a la complejidad del asunto, dinero que debería afrontar Manuela Carmena», señala el abogado y doctor en Economía impulsor de esta iniciativa en contra de la opacidad.
El TSJM considera «evidente» que Manuela Carmena ha ocultado «su ingente patrimonio financiero durante su mandato como alcaldesa, pues nunca suministró al Ayuntamiento esa información societaria precitada a que venía obligada por la Ley, y además ha forzado al Ayuntamiento de Madrid en su ilegalidad, usándolo como un escudo de encubrimiento para sus afanes de secreto financiero y societario, como si el Consistorio por ella regido fuera una especie de Paraíso Fiscal privado a efecto de la transparencia de su propio patrimonio personal».
Sospecha de SICAVs
Todo este procedimiento de transparencia sobre el patrimonio de Manuela Carmena fue instado por el jurista Guillermo Rocafort Pérez a comienzos del año 2016 por sus sospechas de que Manuela Carmena era accionista de varias sociedades SICAVs o partícipe de Fondos de Inversión, dadas las altas cifras que declaraba y los «escuetos y confusos datos» aportados por ella, encontrándose con la oposición frontal del Ayuntamiento que inadmitió indebidamente su petición, sin cobertura legal para ello.
Este experto en Derecho y Economía está especializado en sociedades SICAVs, instrumento o vehículo societario utilizado por los millonarios en España para no pagar impuestos, y tiene «la convicción» de que la opacidad informativa de Manuela Carmena podría «encubrir inversiones financieras poco éticas, sin descartar vínculos con el asunto turbio del alzamiento de los bienes de su esposo o enjuagues con Fondos Buitre o movimientos con Paraísos Fiscales». «Ahí hay mucho donde investigar», zanja.
Ingente esfuerzo de defensa
En esta misma línea, el abogado subraya «el ingente esfuerzo que hizo la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid en sus escritos de oposición». Las argumentaciones del equipo de Carmena eran «muy forzadas» y los escritos eran exageradamente extensos. «Pareciese que les iba la vida en ello», valora Rocafort. «La sensación que me produce el ver cómo ha actuado el Ayuntamiento de Madrid ha sido de una gran desazón y tristeza. Esta alcaldesa ha defraudado la confianza de millones de madrileños y españoles», lamenta.
Además, destaca que esta resolución confirmatoria del TSJM supone «un serio varapalo para quien fuera durante años también la jueza decana de Madrid, a la que por su cargo se le debe presuponer el conocimiento de la Ley». Menciona el aforismo legal “Iura novit curia”, es decir, el juez conoce el Derecho. Por ello, ocultar su patrimonio, primero tras una sentencia judicial de primera instancia y ahora ratificada por el TSJM, supone «una tacha en un aspecto constitucional de transparencia, por un conflicto de interés personal donde ha impuesto el secretismo u opacidad al cumplimiento del Imperio de la Ley».
Por último, el abogado comenta que «esta resolución judicial perjudica seriamente la candidatura de Carmena como Defensora del Pueblo». Ante los rumores que colocan a la exjueza al frente de este organismo, el recurrente sostiene que «poco puede defender al Pueblo alguien que no es capaz de cumplir en sus asuntos personales financieros con la propia Ley y con la Constitución». «Sería un caso inédito que una Defensora del Pueblo, habiendo sido jueza, decana de los jueces y alcaldesa de Madrid, ha hecho todo lo posible por encubrir su patrimonio financiero, exponiendo incluso al propio Ayuntamiento a ser encubridor y abogado defensor en dicha tarea, y además, a fracasar en su empeño, frente a la voluntad de un jurista que en este caso ha sido quien ha llevado sobre sus hombros la tarea de defender el Imperio de la Ley de Transparencia, reforzado con dos resoluciones judiciales rotundas a favor de sus pretensiones», explica para terminar citando el lema «Humilitas occidit superbiam», es decir, «la humildad mata al orgullo».
OKDIARIO se ha puesto en contacto con el entorno de Manuela Carmena para recabar su versión de los hechos tras la sentencia en contra de sus intereses.
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